San Luis Potosí amaneció entre sombras y advertencias. Varias narcomantas colgadas en puntos estratégicos de la capital potosina han encendido las alarmas sobre una presunta colusión entre autoridades estatales y el crimen organizado. En los mensajes, dirigidos específicamente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su secretario de Seguridad, José Luis Ruiz Contreras, se denuncia la corrupción dentro de la Guardia Civil Estatal y sus supuestos vínculos con delincuentes. Pero las acusaciones no se detienen ahí.
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, también es señalado por su complicidad al permitir, a través de la policía municipal, la operación de grupos delincuenciales a plena luz del día. Esta denuncia agrava aún más la percepción de un estado colapsado por la inseguridad y la complicidad de sus autoridades.
Mensajes que retumban en la administración estatal y municipal
En uno de los fragmentos más directos, las narcomantas acusan al secretario de Seguridad, José Luis Ruiz Contreras, de traicionar a los ciudadanos potosinos al proteger intereses oscuros. Mientras tanto, el gobernador Gallardo es descrito como el cabecilla de un gobierno al servicio del crimen organizado. A esto se suma el papel de Enrique Galindo, alcalde de la capital, cuya policía es denunciada por su presunta inacción y complicidad en el fortalecimiento de los grupos delictivos.
Las mantas también mencionan nombres clave como «Chalio» y un supuesto comandante «28», quienes serían piezas fundamentales en una estructura de crimen organizado que, según las acusaciones, opera con la protección de las autoridades municipales y estatales. Estas denuncias exponen un sistema que parece estar diseñado para garantizar la impunidad y la operación de estos grupos en San Luis Potosí.
Una llamada de atención para el Gobierno Federal
Las narcomantas no solo representan una afrenta al gobierno local, sino también lanzan una señal de advertencia al Gobierno Federal. ¿Qué tan profundas son las raíces del crimen organizado dentro de las instituciones? Esta pregunta adquiere mayor relevancia cuando las autoridades municipales, estatales y hasta la Guardia Civil Estatal aparecen vinculadas en las acusaciones.
Se ha pedido la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y del titular de la Guardia Nacional, Omar García Harfuch, para garantizar investigaciones independientes que esclarezcan los hechos y devuelvan la confianza al pueblo potosino. En un estado donde las instituciones parecen trabajar para el crimen organizado, el silencio del Gobierno Federal sería cómplice.
Enrique Galindo: un alcalde bajo la lupa
Enrique Galindo, quien llegó a la presidencia municipal con la promesa de restaurar la seguridad y gobernar con transparencia, ha sido señalado por su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar a los grupos criminales que operan en la capital. Su administración ha permitido, según múltiples denuncias, que las calles de San Luis Potosí sean tomadas por el crimen organizado, mientras la policía municipal observa desde las sombras. Esto lo convierte en parte del problema y no de la solución.
La ciudadanía, que alguna vez depositó su confianza en Galindo, ahora exige respuestas claras sobre el rol que desempeña su administración en esta crisis. ¿Por qué su policía no actúa ante hechos evidentes de inseguridad? ¿Hasta qué punto está dispuesto a tolerar la operación de grupos delictivos en el municipio?
El trasfondo político y social
San Luis Potosí, como muchas otras entidades federativas, enfrenta un delicado equilibrio entre las narrativas de desarrollo económico promovidas por el gobierno y una creciente percepción de inseguridad. Las acusaciones plasmadas en estas mantas, sumadas a las denuncias contra Enrique Galindo, agravan el ambiente político y podrían detonar investigaciones más profundas sobre la administración de Ricardo Gallardo y su cómplice municipal.
Mientras tanto, la ciudadanía exige transparencia y acciones concretas. La impunidad no puede ser una constante en un estado que, como muchos en el país, enfrenta el acecho del crimen organizado y la debilidad institucional.
