En un giro inesperado en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, el gobierno colombiano ha accedido a aceptar a sus ciudadanos deportados a través de vuelos militares estadounidenses. Esta decisión llega tras las contundentes amenazas de sanciones económicas formuladas por el presidente Donald Trump, que incluían la imposición de aranceles escalonados y restricciones adicionales en materia de visado para funcionarios colombianos.
La Casa Blanca anunció el domingo que, después de intensas negociaciones, Colombia había acordado «sin limitación ni demora» a la deportación de sus ciudadanos, revirtiendo su posición inicial de rechazo a los vuelos militares de deportación. Según Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, el acuerdo suspende temporalmente la imposición de aranceles del 25% que estaban previstos para escalar hasta el 50% en cuestión de una semana. Sin embargo, Trump mantendrá ciertas medidas coercitivas como las restricciones de visado para los funcionarios colombianos y un incremento en las inspecciones aduaneras a las mercancías provenientes de Colombia hasta que el primer avión cargado de deportados aterrice en suelo colombiano.
Por su parte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que el impasse con Estados Unidos había sido «superado» y reafirmó el compromiso de su gobierno de recibir a los deportados. Esta decisión, que alivia temporalmente la tensión diplomática, sigue generando controversia tanto en Colombia como en la comunidad internacional, debido a la presión ejercida y las tácticas empleadas por la administración Trump.
Este episodio resalta la vulnerabilidad de Colombia frente a las políticas unilaterales y punitivas de Estados Unidos, así como el delicado equilibrio que los países deben mantener en sus relaciones diplomáticas y comerciales.
