En un giro sorprendente y sin precedentes, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación han presentado su renuncia de manera inmediata e irrevocable. Este acto marca un punto crítico en la reestructuración judicial impulsada por recientes reformas constitucionales, y plantea serias dudas sobre la viabilidad de los procesos de selección de cargos judiciales en México.
Causas de la Renuncia
La renuncia colectiva fue motivada por lo que los miembros del comité describen como una «imposibilidad jurídica de continuar con el proceso» que les fue encomendado. Entre los renunciantes se encuentran figuras destacadas como las magistradas Emma Meza Fonseca y Emilia Molina de la Puente; Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el magistrado Wilfrido Castañón; y Enrique Pereda Trejo, del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados.
Reacciones y Consecuencias
La renuncia ha provocado una respuesta inmediata del Tribunal Electoral Federal, que ha ordenado al Senado la insaculación de los candidatos a juzgadores del Poder Judicial. Esta decisión refleja la urgencia de continuar con el proceso de selección, pero también subraya la complejidad y las tensiones que acompañan la implementación de la reforma judicial.
El Senado ha anunciado que el sorteo público de candidaturas se llevará a cabo el próximo viernes 31 de enero, con la presencia de un notario público para garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, la renuncia del comité ha lanzado una sombra sobre la legitimidad y la eficacia del proceso de selección, poniendo en duda la capacidad del sistema judicial para gestionar su propia transformación sin conflictos internos significativos.
Impacto a Largo Plazo
Este evento no solo afecta la inmediatez del proceso de selección judicial, sino que también podría tener repercusiones a largo plazo sobre la confianza en el sistema judicial mexicano. La renuncia colectiva y las circunstancias que la rodean pueden percibirse como indicativas de problemas estructurales más profundos dentro del sistema de justicia, posiblemente afectando la percepción pública y la efectividad de futuras reformas.
