En un movimiento que marca una intensificación significativa en las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos, Tom Homan, el zar fronterizo, anunció que las operaciones migratorias dirigidas por el gobierno de Donald Trump «han comenzado». Esta declaración coincide con el inicio de una serie de demandas lideradas por ONGs y fiscales estatales, que buscan impugnar las duras medidas implementadas por la administración Trump.
En la capital estadounidense, la atmósfera entre los migrantes es de temor y precaución, con muchos optando por no ir a trabajar para evitar el riesgo de detención y deportación. Otros, en cambio, se están organizando en lo que denominan «la resistencia», preparándose para enfrentar posibles redadas y reiterando que no son criminales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido una advertencia clara: desde este martes, lugares anteriormente considerados seguros como escuelas, hospitales e iglesias ya no ofrecerán refugio contra las redadas. Esta política ha desatado una oleada de críticas y preocupaciones, ya que se percibe como una violación de los espacios tradicionalmente respetados por las operaciones de inmigración.
Respondiendo a estas políticas, fiscales de 22 estados han presentado querellas para bloquear la medida propuesta por Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Estos fiscales, junto con defensores de los derechos de los inmigrantes, argumentan que la ciudadanía por derecho de nacimiento está firmemente establecida por la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, y que ningún presidente tiene la autoridad de anularla unilateralmente.
El gobierno de Trump, por su parte, se ha mostrado desafiante frente a estas demandas, calificándolas como «nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda». La Casa Blanca ha expresado su disposición para enfrentar estas batallas legales en los tribunales, subrayando su compromiso con las nuevas políticas migratorias.
Además, el presidente Trump ha sugerido la imposición de nuevos aranceles a las importaciones chinas como represalia por el flujo de fentanilo, un punto que añade más tensión a las ya complicadas relaciones internacionales bajo su mandato. También ha mencionado la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia y ha reafirmado su postura controversial al respecto de otros temas globales como los Acuerdos de París y la Organización Mundial de la Salud.
Estas políticas y declaraciones de Trump han provocado una reacción en cadena, tanto dentro de Estados Unidos como en la escena internacional, marcando una era de relaciones tensas y políticas controvertidas que afectan no solo a los migrantes sino a la diplomacia global de la nación. Las demandas y la resistencia de los estados y ONGs son indicativas del profundo desacuerdo y la lucha por los derechos fundamentales y la justicia para los inmigrantes en el país.