Ciudad de México. En una decisión que ha dividido opiniones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la difusión de propaganda gubernamental estará permitida durante el periodo de campañas y la veda de las elecciones judiciales, una situación que no contraviene la legislación actual, pero que levanta cuestionamientos sobre la equidad y la independencia del Poder Judicial.
A diferencia de las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, donde la difusión de propaganda gubernamental está explícitamente prohibida para evitar influencias indebidas y asegurar la equidad en la contienda, las elecciones judiciales quedan fuera de esta restricción debido a que no participan directamente los partidos políticos. Esta laguna legal ha sido interpretada por el INE para permitir la continuidad de la propaganda gubernamental, argumentando que no afecta directamente al proceso judicial.
Sin embargo, este enfoque ha generado inquietud entre algunos consejeros y sectores de la sociedad que ven potenciales riesgos de manipulación y una puerta abierta a la intervención de servidores públicos en el proceso electoral. La consejera Claudia Zavala propuso una prohibición explícita de esta práctica, destacando la importancia de cerrar el sistema a influencias gubernamentales que podrían comprometer la independencia del Poder Judicial.
El INE también ha aprobado lineamientos para la distribución de tiempos en radio y televisión, optando por no asignar spots a las más de 5,000 candidaturas, sino por difundir mensajes genéricos que inviten a la ciudadanía a informarse sobre los perfiles de los candidatos y participar en la elección. Esta medida busca mantener un «piso parejo» y evitar la saturación mediática, pero también refleja los desafíos logísticos y financieros de manejar una elección de tal magnitud sin precedentes directos.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha reconocido el cambio significativo que esta elección representa para el modelo de comunicación política en México, subrayando la necesidad de una fiscalización rigurosa para evitar la intromisión de recursos en la promoción de candidaturas.
Este giro en las políticas del INE ha abierto un debate crucial sobre la mejor manera de garantizar elecciones libres y justas en todos los niveles de gobierno, especialmente en un ámbito tan delicado como el judicial, donde la percepción de imparcialidad es fundamental.
