En un contexto donde el gobierno federal contempla establecer un precio máximo para las gasolinas y el diésel, diversas voces del sector privado y expertos en el mercado de hidrocarburos han expresado preocupación por las posibles repercusiones de tal medida. Según Andrés Gutiérrez, director de CIEFSA, esta política podría conllevar a un control más amplio del mercado ilícito de combustibles, especialmente en zonas donde la regulación y vigilancia son escasas.
Con aproximadamente 14 mil estaciones de servicio en México, la mayoría bajo la marca Pemex y dependientes de importaciones de Estados Unidos, la situación actual ya es crítica debido a la insuficiencia de producción nacional para satisfacer la demanda. La potencial clausura de 3 mil estaciones de servicio debido a márgenes de ganancia insostenibles podría abrir aún más la puerta a grupos criminales que buscan capitalizar los vacíos dejados por el mercado formal.
El INEGI ha reportado un aumento del 7.7% en el precio de la gasolina magna en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando el mayor incremento desde noviembre de 2022. Esta escalada de precios ha llevado al gobierno a considerar medidas extremas para contener las ganancias excesivas y proteger al consumidor final. Sin embargo, Alejandro Montufar, director de PetroIntelligence, señala que esta intervención podría presionar a los empresarios hacia el mercado negro como medio para recuperar márgenes perdidos.
La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) subraya la necesidad de considerar todos los factores que influyen en el precio del combustible, incluyendo logística, origen y calidad del hidrocarburo, así como la prevalencia de combustible ilícito. Un tercio de los litros de combustible vendidos en México se origina de fuentes ilícitas, según cifras de la Onexpo, lo que indica la magnitud del problema.
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, advierte que el ingreso generado por el tráfico de combustibles por parte de grupos criminales a menudo supera lo obtenido por otras actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. El control de precios no solo podría afectar negativamente la inversión y el empleo en el sector petrolero, sino también aumentar el daño a vehículos debido a la mala calidad del combustible y reducir aún más los ingresos de Pemex, exacerbando la crisis financiera de la empresa estatal.
Estas preocupaciones resaltan la complejidad del desafío que enfrenta el gobierno al intentar regular un mercado tan volátil y susceptible a la influencia del crimen organizado.
