A tan solo 132 días de haber comenzado el actual sexenio, México enfrenta una alarmante realidad: más de 10 mil personas han sido víctimas de homicidio, según los datos más recientes proporcionados por las fiscalías estatales y dependencias federales. Este número, que promedia 76.7 asesinatos al día, no solo subraya una crisis de seguridad, sino que también cuestiona la eficacia de las estrategias de combate al crimen implementadas por el gobierno.
El fin de semana pasado, se contabilizaron 230 homicidios en todo el país, un número que supera cualquier estadística diaria del año anterior, y eleva significativamente el promedio diario. Esta ola de violencia se ha hecho especialmente presente en estados como Guanajuato y Michoacán, tradicionalmente azotados por la lucha territorial entre cárteles y la presencia de grupos delictivos organizados.
La gravedad de esta situación es aún más notable cuando se observan las fluctuaciones mensuales en las tasas de homicidio, que indican no solo la persistencia, sino el agravamiento del problema. Febrero comenzó con una cifra de 61 homicidios en un solo día, lo cual, comparado con los meses anteriores, sugiere una tendencia ascendente alarmante.
Estas cifras son un claro indicativo de que las políticas actuales de seguridad pública están fallando. El crecimiento continuo en el número de homicidios revela no solo la incapacidad para controlar y prevenir la violencia, sino también posibles complicidades y fallas estructurales dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
La población mexicana exige respuestas y soluciones que vayan más allá del discurso oficial y las medidas paliativas temporales. Es imperativo que el gobierno refuerce sus estrategias, pero también que asegure transparencia y rendición de cuentas en su ejecución. La crisis de violencia en México no es solo un problema de seguridad, sino también de gobernabilidad y confianza pública.
Mientras tanto, la sociedad civil y los medios de comunicación deben mantenerse vigilantes, exigiendo que las autoridades cumplan su deber de proteger a los ciudadanos y de garantizar un México más seguro y justo para todos.
