En un país donde la migración ha sido un fenómeno constante y multifacético, México se enfrenta a un nuevo desafío. Miles de migrantes deportados de Estados Unidos llegan a sus estados de origen, encontrándose con una escasa o nula red de apoyo. La situación se complica con gobernadores que, como Julio Menchaca de Hidalgo, claman por recursos adicionales sin mostrar una gestión eficiente de los ya asignados.
Julio Menchaca, quien recientemente destacó la insuficiencia presupuestaria para atender a los migrantes deportados, ha encontrado eco en Johana Montserrat Hernández Pérez, presidenta de la Comisión de Población y Migración en Hidalgo. Ambos han solicitado recursos extraordinarios, argumentando que la crisis ha rebasado las capacidades locales. Esta postura ha levantado cuestionamientos sobre si se trata de una cuestión de prioridades o de una necesidad real.
El Papel del Gobierno Federal y las Acciones Locales
Ante esta crisis, la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido clara en su mensaje a los estados: la responsabilidad debe ser compartida. Mientras el gobierno federal implementa programas sociales para facilitar la reinserción de los deportados, se espera que los gobiernos estatales no sólo dependan de estos esfuerzos sino que también creen empleos y garanticen servicios básicos como salud y educación.
A nivel empresarial, ha habido movimientos significativos, como el anuncio de la creación de 50 mil empleos para repatriados, mostrando un compromiso del sector privado en la integración de estos migrantes. Este tipo de iniciativas pone en relieve la capacidad de colaboración entre los sectores público y privado y plantea un modelo a seguir para los gobiernos locales.
¿Y el Futuro? Más allá de la Crisis Inmediata
Más allá de gestionar la emergencia actual, el desafío mayor es evitar que la migración se convierta en la única salida viable para muchos. Crear condiciones de arraigo que incluyan oportunidades de empleo estables y acceso a servicios esenciales podría disminuir la migración forzada. Esto requiere de un compromiso real y continuado de todas las entidades gubernamentales, no sólo como respuesta a una crisis, sino como parte de una estrategia de desarrollo a largo plazo.
La crisis migrante actual ofrece una oportunidad para que los gobiernos estatales demuestren su capacidad de gestión y su voluntad política para resolver problemas estructurales. No es momento de ver la migración como un negocio político o una excusa para incrementar los presupuestos sin rendir cuentas. Es hora de que todas las partes involucradas asuman su parte de responsabilidad y trabajen juntas hacia soluciones duraderas.
