Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se investigará el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al youtuber estadounidense MrBeast, tras la polémica generada por su video grabado en diversas zonas arqueológicas del país.
En conferencia de prensa, la mandataria federal afirmó que, según la información preliminar, el influencer sí contaba con autorización oficial para grabar en Calakmul, Balancanché y Chichén Itzá, pero solicitó al INAH detallar las condiciones del permiso y evaluar si hubo violaciones a las normativas.
“Entiendo que hubo permisos para la transmisión. Si uno entra a un lugar que está protegido por el INAH tiene que recibir un permiso para poder transmitir, y entiendo que en este caso hubo permiso. Ahora hay que ver exactamente el contenido”, señaló Sheinbaum.
La presidenta agregó que el Instituto deberá informar bajo qué condiciones se autorizó el rodaje y, en caso de detectarse irregularidades, determinar qué sanciones proceden.
Acusan falseo de información
Un día antes, la Secretaría de Cultura informó que presentará una demanda contra MrBeast por presuntamente falsear información en su video titulado “Sobreviví 100 horas en un templo antiguo”, donde aparece ingresando a áreas restringidas, utilizando un dron dentro de la pirámide de Kukulkán y abordando un helicóptero desde una pirámide para trasladarse a otros sitios.
Las imágenes generaron controversia tanto en redes sociales como en el sector cultural, ya que la grabación muestra al creador de contenido rompiendo restricciones de acceso y permanencia en sitios patrimoniales considerados de alto valor histórico y cultural.
Cultura contradice al INAH
La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló este martes que se impondrán las sanciones correspondientes. Además, la dependencia contradijo al INAH al afirmar que los permisos otorgados no contemplaban las acciones mostradas en el video, como pernoctar en zonas arqueológicas o el uso de equipo no autorizado.
El caso pone en evidencia una posible falta de control institucional sobre la gestión de los espacios patrimoniales, y abre un nuevo debate sobre el uso mediático y comercial de estos sitios.
