Un Juzgado federal advirtió hoy a las dos cámaras del Congreso de la Unión que tienen 10 días hábiles para cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ordenó corregir múltiples omisiones en la Ley General de Comunicación Social de 2018, o en su defecto expedir una nueva.
La Primera Sala de la Corte determinó que el fallo, notificado oficialmente al Congreso el 16 de noviembre, pero votado en público el 8 de septiembre, debía cumplirse antes de terminar el segundo periodo de sesiones de 2021, lo que no ocurrió.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa emitió el segundo requerimiento al Poder Legislativo para que acate el amparo, que la Corte concedió a la asociación civil Artículo 19.
«Se requiere nuevamente a las Cámaras de Diputados y de Senadores, del Congreso de la Unión, para que, en el término de diez días, contados a partir del momento en que queden legalmente notificadas del presente proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo», ordenó el Juzgado.
De no cumplir esta orden sin causa justificada, agregó, impondrá multas de 9 mil 622 pesos a los Presidentes de ambas Cámaras, hará un pronunciamiento sobre el incumplimiento de la sentencia, y remitirá el expediente a un tribunal colegiado de circuito, para que inicie el incidente de inejecución respectivo, que puede llevar a la destitución y consignación penal de los funcionarios responsables.
«Se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo Constitucional», destacó.
Los Presidentes de las respectivas mesas directivas, que son las responsables iniciales de cumplir el amparo, son el diputado Sergio Gutiérrez Luna y la senadora y Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, ambos de Morena.
Para justificarse ante el juez, los legisladores podrán alegar que el nuevo periodo de sesiones del Congreso inicia hasta febrero.
En la sentencia unánime que dictó en septiembre, la Corte consideró que la Ley General, aprobada a finales del sexenio pasado, no reglamenta correctamente los principios que el artículo 134 de la Constitución estableció desde 2014 en materia de propaganda del gobierno.
«Para considerar que la legislación reclamada cumplió a cabalidad con el mandato Constitucional que nos ocupa, en ella se debieron esclarecer y detallar los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además de disponer procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados», afirmó la Corte.
La expedición misma de esta ley también derivó de un amparo concedido por la Primera Sala a Artículo 19 en noviembre de 2017, pues el Congreso había pasado más de tres años ignorando el mandato constitucional de reglamentar el tema.
