Ciudad de México, 20 de agosto de 2024 — En un movimiento que ha generado controversia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado de «ilegal» el paro de labores que están llevando a cabo los trabajadores del Poder Judicial en protesta contra la reforma constitucional que amenaza con cambiar las bases del sistema judicial en México. Lejos de mostrar preocupación, el mandatario federal ha minimizado la protesta, afirmando que «no va a suceder nada» y que a la mayoría de los mexicanos no les importa.
En una declaración que ha sido vista como un intento de desacreditar el movimiento, López Obrador comentó con sarcasmo que la ausencia de jueces, magistrados y ministros «nos va a ayudar», sugiriendo que, al no estar en funciones, no podrán liberar a delincuentes del crimen organizado ni a delincuentes de cuello blanco. Este comentario ha causado indignación entre quienes ven en el paro una legítima defensa de la independencia judicial y un rechazo a la politización del sistema de justicia.
El presidente también deslindó a su gobierno de cualquier responsabilidad en la sanción de los trabajadores que participen en la huelga, señalando que esa tarea corresponde al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Sin embargo, su aparente desdén por las implicaciones del paro ha sido interpretado por muchos como una falta de sensibilidad ante las preocupaciones de quienes temen que la reforma judicial pueda erosionar aún más la independencia del Poder Judicial en México.
López Obrador mencionó, casi de pasada, su única preocupación real: un expediente guardado que involucra 25 mil millones de pesos. Este comentario ha reforzado la percepción de que el gobierno está más preocupado por sus propios intereses económicos que por las posibles consecuencias de una parálisis en el sistema judicial.
Este paro, que ha movilizado a miles de trabajadores en todo el país, no es una simple huelga laboral; es una manifestación de resistencia ante lo que muchos consideran un intento de subordinar el Poder Judicial al poder ejecutivo. La actitud despectiva del presidente hacia este movimiento sólo ha servido para aumentar las tensiones en un momento en que la confianza en las instituciones democráticas de México ya está gravemente comprometida.
