CIUDAD VICTORIA. – El presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, ha negado que el proceso de desafuero contra Edgar Danés Rojas, presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), sea un acto de «cacería política», como algunos lo han insinuado. Prieto Herrera asegura que el Congreso simplemente está cumpliendo con un requerimiento de la Fiscalía. «Estamos dándole trámite a lo que la Fiscalía nos solicitó», señaló el legislador de Morena en una breve declaración, evadiendo profundizar en las acusaciones o el proceso que enfrenta el magistrado.
El hermetismo con el que se maneja el caso genera dudas entre los observadores políticos, que se preguntan si este proceso es realmente un acto de justicia o una estrategia con tintes políticos. Prieto Herrera se escudó en la presunción de inocencia y los derechos de la «víctima» para no ofrecer más detalles, insistiendo en que «no podemos hablar del tema por el momento».
Un proceso opaco y sin detalles claros
La falta de transparencia en torno a este caso pone en tela de juicio la imparcialidad del Congreso de Tamaulipas, ya que el legislador evitó ofrecer una postura clara o detalles sobre el proceso en curso. «No te sabría decir» fue la respuesta de Prieto Herrera al ser cuestionado sobre los tiempos del desafuero y a qué legislatura le tocará concluir el proceso. Se limitó a reiterar que «la Comisión Instructora hará las cosas como marca la ley», sin proporcionar una cronología precisa.
Esta evasión de respuestas y la insistencia en seguir los lineamientos legales, aunque suene correcta en el papel, deja entrever una estrategia política más amplia para evitar enfrentar públicamente el impacto de este caso sobre el sistema judicial electoral de Tamaulipas.
¿Un precedente de justicia selectiva?
El silencio y la falta de información contrastan con la contundencia con la que otros casos se han manejado en el pasado. Aunque Prieto Herrera afirma que «hay un proceso» y que «tenemos que acatar las cosas como la ley marca», muchos se preguntan si en realidad este proceso es un ejemplo más de justicia selectiva, donde los enemigos políticos pueden ser acorralados mientras otros actores, quizás más cercanos al poder, gozan de inmunidad tácita.
El tiempo y la actuación de la Comisión Instructora serán claves para determinar si este caso es un ejercicio genuino de justicia o si se trata de un mecanismo para desestabilizar a ciertos actores en la arena política de Tamaulipas.
Por ahora, la opacidad domina el proceso, mientras los ciudadanos de Tamaulipas esperan respuestas claras en un contexto donde la justicia y la política parecen estar más entrelazadas que nunca.
