CIUDAD VICTORIA, TAMPS. – A escasos días de concluir su periodo, la 65 Legislatura de Tamaulipas demuestra, una vez más, su falta de compromiso con la ciudadanía. Los diputados locales han comenzado a vaciar sus oficinas, sin haber cumplido con su labor más esencial: la fiscalización de las cuentas públicas y la aprobación de leyes de verdadero impacto social. Este cierre de ciclo está marcado por el desinterés, la corrupción y la incompetencia, mientras los nuevos diputados que asumirán el poder el 1 de octubre prometen más de lo mismo, o incluso peor.
Entre los primeros en despejar su oficina está Juan Román Vital, diputado de Morena, quien ya ha abandonado prácticamente su lugar de trabajo, aunque sigue apareciendo en medios como si aún estuviera cumpliendo con su deber. Vital, al igual que otros legisladores, llegó al Congreso arrastrado por la popularidad de su partido y no por méritos propios. Su gestión, al igual que la de varios de sus compañeros, ha sido intrascendente, marcada por el populismo y la falta de resultados tangibles para el estado.
Un Congreso que no rinde cuentas
El verdadero escándalo no está en los muebles vacíos o las oficinas desocupadas antes de tiempo, sino en la falta de rendición de cuentas. La Comisión de Vigilancia del Congreso está a la espera de que la Auditoría Superior del Estado entregue, en el último momento, los informes de revisión de alrededor de 40 cuentas públicas correspondientes al ejercicio de 2023. El hecho de que este proceso se esté haciendo a última hora refleja una clara falta de transparencia y deja entrever posibles intentos de encubrimiento y corrupción.
Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno, asegura que las cuentas se entregarán «en tiempo y forma». Sin embargo, su afirmación genera escepticismo, considerando el historial de opacidad de esta legislatura. Con más de 200 asuntos pendientes y escasas iniciativas aprobadas, la gestión de Salazar Mojica y sus colegas ha sido un ejemplo de cómo los intereses partidistas y personales se colocan por encima de las necesidades del pueblo tamaulipeco.
Corrupción y negligencia en todos los frentes
La corrupción en el Congreso de Tamaulipas no es un secreto. Durante los últimos tres años, varios diputados han utilizado sus cargos para obtener beneficios personales, mientras que las leyes y regulaciones que podrían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos han quedado en el limbo. La revisión de las cuentas públicas, uno de los mecanismos clave para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos, ha sido pospuesta y manipulada, permitiendo que funcionarios y empresarios corruptos sigan operando con total impunidad.
Es revelador que muchos de los legisladores que se despiden el 30 de septiembre lleguen a ese punto sin haber rendido cuentas claras sobre su gestión. A la salida de figuras como Juan Román Vital y Gustavo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, se suman otros como Alejandra Cárdenas Castillejos y Edgar Melhem Salinas, del PRI, quienes han dejado una estela de promesas incumplidas y escándalos de corrupción sin resolver.
La 66 Legislatura: ¿más de lo mismo?
Lo más preocupante es que la próxima legislatura no promete ser mejor. Al contrario, se espera que el Congreso sea aún más ineficiente y corrupto, con la entrada de nuevos diputados sin la preparación académica ni profesional necesaria para desempeñar sus funciones. Personajes como Humberto Prieto Herrera, quien presidirá la Junta de Gobierno y el Grupo de Coordinación Política de Morena, y Úrsula Patricia Salazar, que continuará en el Congreso tras su fallida candidatura a la alcaldía de Tampico, son símbolos de la falta de competencia que caracteriza a muchos de los nuevos legisladores.
La falta de preparación no solo se traduce en un manejo deficiente de los recursos públicos, sino también en la incapacidad de enfrentar los problemas de corrupción que han plagado al estado. Si la legislatura actual ha sido un fracaso en cuanto a la rendición de cuentas, la próxima tiene todas las características para ser aún peor. Los nuevos diputados, muchos de ellos sin título profesional y sin experiencia en la administración pública, difícilmente podrán lidiar con los desafíos que el estado enfrenta, mucho menos con la corrupción que permea en todos los niveles del gobierno.
Un ciclo de impunidad y corrupción sin fin
El Congreso de Tamaulipas ha demostrado ser un reflejo de la política mexicana: una institución que, lejos de servir a la ciudadanía, se ha convertido en un espacio de corrupción, tráfico de influencias y falta de transparencia. La llegada de la 66 Legislatura parece ser la continuación de este ciclo de impunidad, donde los verdaderos intereses del estado quedan relegados a un segundo plano.
La pregunta que queda en el aire es si habrá algún cambio real en los próximos tres años o si los tamaulipecos seguirán siendo víctimas de un Congreso que aprieta poco en las cuentas públicas, pero mucho en la obtención de beneficios personales. Lo cierto es que, mientras no haya un compromiso serio con la transparencia y la rendición de cuentas, Tamaulipas seguirá atrapado en este ciclo interminable de corrupción y negligencia legislativa.
