El martes por la noche, un operativo militar en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas, dejó como saldo seis migrantes fallecidos, 12 lesionados y 17 ilesos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, durante un reconocimiento terrestre, elementos del Ejército detectaron un vehículo tipo pick up que, al notar la presencia militar, intentó evadirlos a alta velocidad. Acompañando a la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas, típicas de los grupos delincuenciales que operan en la región.
La situación escaló rápidamente cuando se escucharon detonaciones, lo que llevó a dos militares a accionar sus armas. Como resultado, una de las camionetas detuvo su marcha. Sin embargo, lo que parecía ser un enfrentamiento con delincuentes, resultó ser un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos egipcios, nepalíes, cubanos, indios, pakistaníes y árabes. Al acercarse, los efectivos militares descubrieron que cuatro personas ya habían fallecido y que 12 estaban gravemente heridas; lamentablemente, dos migrantes más murieron posteriormente.
El comunicado oficial de la Sedena no especificó con claridad hacia dónde se dirigieron los disparos, si fueron al aire, a las llantas o directamente a los vehículos, dejando abierta la duda sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento. Los 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para su atención.
En respuesta a este trágico evento, los dos militares involucrados fueron separados de sus funciones, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para deslindar responsabilidades. Además, la Fiscalía General de Justicia Militar llevará a cabo su propia indagatoria para evaluar posibles violaciones a la disciplina militar.
Este incidente ocurre en un contexto delicado, en medio de la polémica aprobación de la reforma que traspasó la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha levantado cuestionamientos sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sus posibles consecuencias en la protección de los derechos humanos.
