Chiapas, México. – La tragedia sacudió a San Cristóbal de las Casas este fin de semana cuando el sacerdote Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado a balazos tras oficiar una misa en el Barrio de Cuxtilali. Sujetos armados en motocicleta atacaron el vehículo en el que viajaba, poniendo fin a la vida de un hombre que, desde 2015, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a los riesgos que enfrentaba por su labor.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato, calificándolo de «absolutamente inaceptable» y exigiendo una investigación exhaustiva y efectiva para esclarecer el crimen y castigar a los responsables. “El Padre Marcelo era ampliamente reconocido por su incansable trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y su asesinato expone la insuficiencia de las medidas de protección que se le otorgaron”, destacó Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales habían advertido en repetidas ocasiones sobre el aumento de amenazas y agresiones en contra del sacerdote en los últimos años. A pesar de las denuncias y de la protección otorgada por la CIDH, su labor en Simojovel y otras regiones de Chiapas, caracterizada por su lucha por la justicia y los derechos humanos, lo convirtió en blanco de la violencia que azota a la región.
Un referente de paz y justicia en Chiapas
Marcelo Pérez era conocido no solo a nivel local, sino también internacionalmente, por su compromiso con la defensa de los pueblos indígenas en Chiapas. Su lucha por la verdad y la justicia lo convirtió en un líder espiritual y un símbolo de resistencia pacífica en una de las regiones más vulnerables de México. Su asesinato no solo deja un vacío en su comunidad, sino que también pone en evidencia el contexto de violencia y la falta de garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos.
“La pérdida del Padre Marcelo es irreparable y refleja la necesidad urgente de implementar medidas estructurales que transformen el entorno de violencia que sigue afectando a algunas zonas de Chiapas”, señaló el organismo internacional.
Reacciones y exigencias de justicia
Tras el asesinato, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno ya ha abierto una investigación sobre el caso y mantiene contacto con las autoridades eclesiásticas para coordinar las acciones necesarias. Sin embargo, la indignación entre los colectivos de derechos humanos sigue en aumento, con un llamado generalizado para que este crimen no quede impune y se fortalezcan las medidas de protección para los defensores de derechos humanos en el país.
Este trágico suceso subraya una vez más el peligro constante que enfrentan quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos en México, particularmente en zonas marcadas por la violencia, la impunidad y la falta de estado de derecho.
