Ciudad de México.- En un giro de los acontecimientos que revela las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha desatado una nueva controversia. Durante su conferencia mañanera del 22 de octubre, acusó a la jueza Nancy Juárez de ser la “vocera del Poder Judicial” tras su orden de eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). En un intento por desviar la atención, Sheinbaum arremetió contra Juárez y minimizó el debate sobre la reforma judicial, sugiriendo que había una campaña en su contra, incluso “hasta en Harvard”.
La alusión a la risa provocada en la prestigiosa universidad por los requisitos para la elección judicial, presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, parece ser el nuevo chivo expiatorio de la presidenta. “Ya nadie habla de García Luna y ahora el gran tema es el desacato de la presidenta de la República”, dijo, intentando cambiar el enfoque de la conversación hacia un desacato que ella misma ha fomentado.
Sheinbaum continuó su ataque al Poder Judicial, afirmando que “quien está violando la ley son ellos, las y los jueces” que defienden los amparos en contra de su reforma, y subrayó que la elección de jueces, magistrados y ministros debe ser decidida por la ciudadanía. Sin embargo, sus palabras carecen de sustento real: el verdadero estado de derecho se construye sobre el respeto a las instituciones y a las decisiones judiciales, no en la descalificación de sus integrantes.
Además, Sheinbaum cuestionó los ingresos de los ministros y ministras de la Corte, sugiriendo que los fideicomisos del Poder Judicial deberían usarse de manera transparente, incluso para ayudar a Acapulco. Esta postura parece más un intento de ganar popularidad que un compromiso genuino con la justicia y la transparencia. La verdadera pregunta es: ¿por qué la presidenta no aborda de frente las preocupaciones sobre la corrupción y la falta de rendición de cuentas en el sistema judicial?
Mientras las tensiones aumentan y las instituciones se ven envueltas en un ambiente de desconfianza, la construcción de un verdadero estado de derecho parece más lejana que nunca. La narrativa de la presidenta no solo distrae de problemas graves, como el caso García Luna, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema judicial al atacar a sus representantes en lugar de trabajar con ellos hacia una solución.
La falta de un diálogo constructivo entre los poderes del Estado pone en riesgo la democracia y la justicia en México. A medida que las críticas se intensifican, la pregunta es: ¿quién realmente gobierna en un país donde la descalificación parece ser la única respuesta a las críticas legítimas?
