Ciudad Victoria, Tamaulipas – En un giro que aumenta la tensión en el conflicto por el control del Ayuntamiento de Victoria, el Congreso del Estado de Tamaulipas dio inicio formal al periodo de pruebas dentro del proceso de remoción del alcalde Eduardo Gattás Báez. Con un plazo de tres días hábiles, tanto Gattás como los 16 miembros del Cabildo que exigen su salida tendrán la oportunidad de presentar pruebas y alegatos finales para sustentar sus posturas antes de que las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Municipales determinen el futuro del edil.
El conflicto en el Cabildo: una pugna por la transparencia y el poder
El enfrentamiento se ha intensificado en las últimas semanas, con 1 síndica y 15 regidores tomando la iniciativa ante la negativa del alcalde de convocar a sesión para designar a los titulares de puestos clave en el Ayuntamiento, como la Secretaría del Ayuntamiento y la Tesorería. Esta inacción de Gattás se ha interpretado como una estrategia para concentrar el poder y mantener un control poco claro sobre las arcas y decisiones municipales. Ante esta omisión, los regidores inconformes decidieron convocar a una sesión por su cuenta, amparados en la reciente reforma al Código Municipal que legitima sus actos.
En un movimiento que añade una capa de confusión, Hugo Arael Reséndez Silva, acusado de usurpar el cargo de Secretario del Ayuntamiento, convocó a una sesión paralela con los ediles restantes, una estrategia vista por muchos como un intento desesperado de Gattás por aferrarse al poder mediante maniobras internas.
La diputada Salazar Mojica: “El proceso seguirá su curso”
La diputada Ursula Salazar Mojica, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, subrayó que el procedimiento de remoción de Gattás transcurre de forma independiente de la reciente reforma al Código Municipal. Aunque esta última exige la pronta elección de nuevos titulares para cargos esenciales del Ayuntamiento, el Congreso parece determinado a continuar con el proceso legal contra Gattás por sus presuntas violaciones al Código Municipal.
«Este proceso podría culminar en la intervención de la Comisión Instructora del Congreso, encargada de los juicios políticos y desafueros», indicó la diputada.
