CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. – En un acto que refleja más la desesperación que la legalidad, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, ha decidido recurrir al Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) con el fin de nulificar el proceso de destitución que enfrenta en las comisiones de Gobernación y Asuntos Municipales del Congreso local. En medio de un contexto crítico para la capital tamaulipeca, Gattás no solo confunde las vías de notificación, sino que lo hace negociando con un magistrado que muchos consideran corrupto.
El 24 de octubre, Gattás interpuso un recurso de defensa de derechos político-electorales, radicado bajo el expediente TE-DRC-86/2024, dirigido al magistrado presidente del Tribunal, Édgar Danés Rojas. En su demanda, el alcalde argumenta que el Congreso ha omitido estudiar la legitimación de los solicitantes que piden su destitución, invocando el artículo 35 del Código Municipal y el artículo 64 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, su reclamo no es más que un intento de desviar la atención de los problemas que realmente aquejan a la ciudad.
La estrategia de Gattás es cuestionable, especialmente considerando que, mientras él busca formas de eludir su responsabilidad, la capital se «pudre» en una crisis de gobernabilidad y descontento ciudadano. Con un Cabildo dividido y enojado por la falta de respuestas a solicitudes fundamentales, como la designación de funcionarios clave, Gattás no solo se arriesga a perder su cargo, sino también a dejar a la ciudad en un vacío de poder y desatención.
El 21 de octubre, los miembros del Cabildo presentaron su propio recurso en contra del alcalde, señalando su omisión al no designar los cargos esenciales dentro de su administración. Este tema se convierte en una nueva mancha en su gestión, donde la incapacidad de actuar se traduce en un estancamiento en la administración pública. El expediente relacionado, TE-RDC-85/2024, fue asignado a otro magistrado, Édgar Iván Arroyo Villarreal, quien ahora deberá elaborar un proyecto para el Pleno del Tribunal.
La insistencia de Gattás en descalificar a los regidores y la primera síndico, acusándolos de carecer de legitimación, parece más un recurso de supervivencia que un argumento legal sólido. A medida que la fecha límite para presentar pruebas se acerca, su posición se vuelve cada vez más vulnerable. El próximo 5 de noviembre, las comisiones unidas del Congreso se reunirán para analizar su caso, pero ¿qué podría significar esto para un alcalde que intenta desviar la atención de sus propias fallas?
Mientras tanto, los problemas que enfrentan los ciudadanos de Victoria —la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos y la falta de transparencia— continúan sin resolverse. Gattás, al negarse a enfrentar la realidad y al recurrir a maniobras judiciales cuestionables, demuestra no solo una falta de liderazgo, sino una irresponsabilidad que podría costarle muy caro a la ciudad y a su futuro político. En un momento donde la población exige resultados y transparencia, la estrategia de Gattás podría ser vista como la última jugada de un político acorralado, que prefiere negociar con el poder judicial en lugar de atender las verdaderas necesidades de su comunidad.
