CIUDAD VICTORIA, TAMPS. La lucha contra la corrupción en Tamaulipas ha tomado un nuevo impulso con la llegada del nuevo fiscal anticorrupción, quien ha emitido dos órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la administración anterior encabezada por Francisco García Cabeza de Vaca. Tania Contreras López, Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, anunció que los exfuncionarios han eludido su obligación de comparecer ante la justicia, lo que ha llevado a la administración actual a instar a la Fiscalía Anticorrupción a intensificar su labor de revisión y acción legal.
“Hoy tenemos dos órdenes de aprehensión vigentes contra exfuncionarios de la administración pública estatal, porque se han negado a comparecer al juez de la causa”, indicó Contreras López, resaltando la importancia de que la Fiscalía Anticorrupción actúe con celeridad. El objetivo es que todos los servidores públicos que se nieguen a rendir cuentas enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Entre las acusaciones más graves se encuentra la contratación indebida de despensas, que supuestamente involucra un contrato por 125 millones de pesos, lo que subraya la magnitud del daño al erario público. Hasta ahora, se han presentado alrededor de 80 denuncias contra exfuncionarios, con una afectación total que podría superar los 650 millones de pesos.
Contreras López recordó que hace un año, la Auditoría Superior del Estado devolvió las cuentas públicas de 2021 para una revisión exhaustiva, ya que la gestión anterior había mostrado deficiencias graves en la fiscalización. Este contexto resalta la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
La consejera jurídica afirmó que la administración actual está comprometida en recuperar los recursos malversados y restablecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Sin embargo, el camino hacia la justicia es largo y dependerá de la voluntad política y la efectividad de las autoridades para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios involucrados.
