Ciudad de México. En medio del debate sobre la reforma al artículo 19 de la Constitución que propone la inclusión de delitos fiscales en el catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió esta medida como una herramienta legal necesaria para garantizar el debido proceso.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo enfatizó que la prisión preventiva oficiosa no equivale a una condena anticipada. «No quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión; la Fiscalía tiene que aportar pruebas», afirmó. Destacó que, aunque la decisión de imponer la prisión preventiva no depende exclusivamente del juez en ciertos delitos, es fundamental que la Fiscalía presente evidencias sólidas para sustentar la medida.
La presidenta subrayó la importancia de que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva y que los jueces actúen con integridad, asegurando que no se otorgue una orden de aprehensión sin pruebas en la carpeta de investigación. Además, mencionó que existen alternativas legales para diversos delitos, lo que permite una aplicación justa y equitativa de la ley.
Actualmente, el Pleno de la Cámara de Diputados analiza y, en su caso, aprueba la reforma al artículo 19 constitucional para incluir delitos como extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando, comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como la fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas, en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Esta reforma ha generado opiniones divididas entre expertos y legisladores. Algunos argumentan que la inclusión de delitos fiscales en este catálogo fortalecerá el combate a la evasión fiscal y a la corrupción, mientras que otros advierten sobre posibles violaciones a derechos fundamentales y al principio de presunción de inocencia.
La discusión continúa en el Congreso, donde se espera un análisis detallado de las implicaciones legales y sociales de esta reforma constitucional.
