Ciudad de México.- El Bosque de Chapultepec, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Ciudad de México, se convirtió en escenario de una agresión sexual que dejó en evidencia la incapacidad de las autoridades para proteger a las mujeres y brindarles apoyo oportuno. Una mujer, que prefiere mantener el anonimato, relata cómo fue víctima de un hombre que se masturbaba y la filmaba con su teléfono mientras ella intentaba ejercitarse en la primera sección del parque.
El agresor no solo mostró total impunidad al acercarse a ella intencionalmente, sino que, incluso, continuó siguiéndola hasta un puesto de bicicletas cercano mientras repetía su agresión. Al pedir ayuda, los empleados del puesto se mostraron pasmados, negándose a intervenir o a contactar a las autoridades por no poder abandonar su lugar de trabajo.
La situación se agravó cuando la víctima encontró a elementos de la Guardia Nacional, en quienes depositó una última esperanza de protección. Sin embargo, su pedido de auxilio fue recibido con desdén e indiferencia: los oficiales la tacharon de «histérica» y le negaron ayuda debido a su estado emocional.
Ante la inacción de las autoridades, un empleado del puesto de bicicletas decidió acompañarla, pero el agresor ya había escapado. Al intentar acercarse a las oficinas administrativas del Bosque de Chapultepec para recibir atención, se encontró nuevamente con barreras burocráticas y actitudes insensibles que priorizaron enviarla al Ministerio Público, ignorando su solicitud de apoyo inmediato.
La ausencia de perspectiva de género en la seguridad pública
Este caso refleja una alarmante falta de preparación y sensibilidad por parte de las autoridades. La Guardia Nacional, presente en espacios públicos con el objetivo de garantizar seguridad, falló en su papel de primera respondiente. Además, el protocolo de atención a víctimas de violencia de género fue ignorado, dejando a la mujer en total desamparo.
Es urgente que las autoridades implementen estrategias de seguridad con perspectiva de género en parques y espacios públicos. Estas medidas deben garantizar que las mujeres reciban atención y apoyo sin ser revictimizadas o obligadas a iniciar un proceso penal si no lo consideran necesario.
La violencia en espacios públicos no puede seguir siendo tratada como un problema aislado o reducido a cifras de denuncias. Es responsabilidad del Estado prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, brindando seguridad real y efectiva en los entornos donde las víctimas deberían sentirse más seguras.
