A cuatro años del inicio de la pandemia de COVID-19, el destino de la vacuna Patria sigue siendo incierto, un tema que genera indignación en diversos sectores, especialmente entre las víctimas del virus, los médicos y los ciudadanos que confiaron en las promesas del gobierno federal. En este escenario, el diputado Federico Döring (PAN) exigió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum una explicación sobre la ausencia de la vacuna nacional, a pesar de que había sido anunciada como una solución propia para enfrentar la crisis sanitaria.
Diversos medios informativos han reportado que varias dependencias del gobierno federal, incluidas la Secretaría de Salud, la Presidencia de la República y el Conacyt, afirmaron no tener información sobre la producción y almacenamiento de la vacuna Patria. A pesar de las expectativas creadas, la vacuna no ha sido utilizada en la actual campaña nacional de vacunación, que se limita a las vacunas Abdalá y Sputnik, de primera generación, que los especialistas señalan como menos eficaces y con un nivel bajo de protección frente a las nuevas variantes del virus.
Döring, ante tal falta de claridad, no dudó en calificar la situación como “mentiras” y acusó al gobierno de lucrar con la salud pública, especialmente bajo el sexenio de López Obrador. Según el legislador panista, la administración anterior y la actual han hecho del negocio de la compra de medicinas y vacunas un festín para ciertos actores políticos, señalando específicamente a la familia López Beltrán como beneficiarios de estos contratos.
El caso de la vacuna Patria no es aislado. Las inconsistencias en la gestión de la salud pública durante la pandemia, sumadas a los contratos poco claros en la compra de medicamentos y vacunas, han sido objeto de constantes denuncias. No es secreto que figuras como David León Romero, nombrado por López Obrador al frente de una empresa distribuidora de medicinas, fueron señaladas en videos en los que aparecían entregando dinero en sobres a Pío López Obrador, hermano del expresidente. Un escándalo de corrupción que parece quedar impune, o al menos, olvidado en la memoria colectiva.
Ante esta situación, es legítima la preocupación de los ciudadanos y las autoridades de salud que no obtienen respuestas claras de las instancias gubernamentales. El retraso en la disponibilidad de la vacuna Patria no solo es una falta de cumplimiento de promesas, sino un acto de desconfianza hacia aquellos que, a pesar de la crisis sanitaria, depositaron su esperanza en una solución nacional.
El gobierno de Sheinbaum, heredero del discurso de la Cuarta Transformación, parece seguir los mismos patrones de su antecesor. No solo en la compra de medicamentos, sino también en la falta de transparencia y la nula rendición de cuentas en lo que respecta a la salud pública. Mientras tanto, las familias que perdieron seres queridos a causa del COVID-19 y los profesionales de la salud que arriesgaron sus vidas, siguen esperando respuestas y soluciones concretas.
El caso de la vacuna Patria es solo la punta del iceberg de una administración que, bajo la premisa de la soberanía nacional, ha preferido el silencio y la falta de acción. Las preguntas que surgen son claras: ¿qué se está ocultando? ¿Por qué la vacuna Patria no está lista? ¿Y, lo más importante, quiénes están realmente beneficiándose de estos deslices en la política sanitaria del país?
El tiempo sigue corriendo y las promesas incumplidas se acumulan, mientras los mexicanos siguen pagando el precio de la inacción y la falta de transparencia. Si el gobierno no es capaz de brindar respuestas claras y sinceras sobre estos temas, la desconfianza solo aumentará, y con ello, el riesgo de que nuevos escándalos de corrupción empañen aún más la ya dañada imagen de la Cuarta Transformación.
