En un esfuerzo por garantizar la integridad y la equidad en las próximas elecciones judiciales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado un nuevo catálogo de infracciones y reglas que serán aplicables tanto a candidatos como a aspirantes. Este conjunto de directrices busca prevenir actos anticipados de campaña y otras conductas que puedan comprometer el proceso electoral.
El acuerdo, recientemente ratificado, prohíbe explícitamente a candidatos y aspirantes realizar actos de campaña antes del período oficial, contratar o adquirir tiempos en radio, televisión, o espacios en medios físicos o digitales para promover sus candidaturas. Además, se les impide llevar a cabo cualquier tipo de acto de difusión durante los tres días previos a la elección y hasta el cierre de casillas, periodo conocido como veda electoral.
Otro punto crucial en las nuevas regulaciones es la prohibición de utilizar materiales no biodegradables o que contengan sustancias tóxicas en la propaganda electoral, lo que refleja una creciente preocupación por el impacto ambiental de las campañas.
Los partidos políticos tampoco están exentos de estas restricciones; se les prohíbe realizar actos de proselitismo o posicionarse públicamente a favor o en contra de cualquier candidatura. Además, queda prohibida la contratación de encuestas o sondeos que puedan influir en la percepción pública.
En cuanto a los funcionarios en ejercicio, el catálogo del INE especifica que estos no pueden participar en actos de proselitismo durante horas o días laborales ni expresar públicamente sus preferencias políticas.
Durante la discusión del catálogo, se propuso y aceptó la inclusión de una cláusula que prohíbe la organización de foros por parte de dependencias o entidades que ejecuten programas de beneficio social, buscando evitar el uso de recursos públicos en la promoción de candidaturas.
Con estas medidas, el INE busca cerrar cualquier posible brecha que permita la promoción indebida de candidaturas antes y durante el período electoral, asegurando que la contienda se desarrolle en un marco de justa competencia y respeto a la legalidad.