Un golpe seco, directo al rostro, sin resistencia de por medio. Así quedó registrado en video el actuar de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de Coyoacán. La víctima: un joven sentado en la banqueta, presuntamente ofreciendo servicios de jardinería. El contexto: ninguno que justifique la violencia.
La escena no admite interpretación sofisticada. El oficial llega, intercambia palabras —inaudibles en la grabación— y, sin mediar amenaza visible, suelta un puñetazo que derriba al joven. Después, lo revisa. Después, se retira. Como si nada.
No es un caso aislado. Es un patrón.
La reacción institucional tampoco sorprende. La SSC informó que abrió una carpeta en Asuntos Internos, identificó a los elementos y anunció la suspensión temporal del agresor. El libreto ya es conocido: investigación interna, separación preventiva, comunicado de cero tolerancia. La narrativa administrativa intenta contener lo que en el fondo es un problema estructural: el uso discrecional de la fuerza en la calle.
Porque aquí no hay un operativo de alto riesgo, ni una detención compleja, ni una amenaza inminente. Hay un ciudadano en condición vulnerable y un policía que decide imponer autoridad a golpes. Y otro elemento que observa. Y una patrulla que respalda. La cadena de responsabilidad no termina en un solo puño.
El argumento oficial habla de una “revisión preventiva” tras el reporte de una persona “sentada sin realizar actividad”. Es decir, la sospecha fue la inactividad. El castigo, la violencia. En ese cruce —cotidiano y peligroso— es donde se normaliza el abuso.
La suspensión del elemento no es sanción, es contención mediática. La verdadera prueba está en lo que no se ve: ¿habrá consecuencias penales?, ¿se reparará el daño?, ¿se documentará como abuso de autoridad o quedará en falta administrativa? La experiencia dice que la mayoría de estos casos se diluyen en expedientes internos que no trascienden.
Mientras tanto, el mensaje en la calle sigue intacto: el uniforme, sin controles reales, puede convertirse en permiso para agredir.
Y ese es el fondo del problema. No el video. No el escándalo momentáneo. Sino la certeza de que, sin presión pública, la violencia institucional se archiva… y se repite.
