El agua, ese recurso cada vez más escaso en México, vuelve a colocarse en el centro de un escándalo que combina política, privilegios y simulación.
La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió públicamente a la familia del diputado priista Mario Calzada, señalando que concentra más de 628 mil metros cúbicos de agua en cinco títulos de concesión en Querétaro, originalmente destinados a uso agrícola, pero presuntamente desviados a fines muy distintos: un club de polo, desarrollos inmobiliarios y hasta la venta de agua en pipas.
El esquema no es nuevo. Es el mismo mecanismo que durante años ha permitido que concesiones otorgadas bajo el argumento de producir alimentos terminen convertidas en negocios privados, sin pago de derechos y con mínima supervisión. El resultado: agua subsidiada para unos cuantos y escasez para miles.
Lo más delicado no es solo el presunto desvío del recurso, sino el contexto político. El propio legislador —según lo señalado desde Palacio Nacional— se habría opuesto en tribuna a modificaciones a la Ley de Aguas, defendiendo el discurso de que “el agua es del pueblo”. La contradicción es brutal: discurso público de defensa social, práctica privada de aprovechamiento.
La autoridad asegura que las concesiones ya fueron retiradas y que incluso hubo clausuras previas, aunque enfrentaron recursos legales como amparos. Es decir, el conflicto no apenas inicia: apenas entra en fase de disputa jurídica.
Pero el fondo es más profundo que un caso particular.
Este episodio exhibe la fragilidad del sistema de concesiones en México, donde el control del agua puede convertirse en un instrumento de poder económico y político. No se trata solo de irregularidades administrativas; se trata de un modelo que permitió durante años la acumulación de un recurso estratégico en manos de actores con influencia.
Mientras tanto, en muchas colonias del país —incluido el propio Querétaro— el acceso al agua sigue siendo intermitente, caro o simplemente inexistente. La desigualdad hídrica no es una abstracción: es una realidad cotidiana.
El mensaje del gobierno federal apunta a una narrativa de combate a privilegios. Pero la prueba no está en la denuncia mediática, sino en las consecuencias: ¿habrá sanciones reales?, ¿se recuperará el daño?, ¿se revisarán otras concesiones similares?
Porque si este caso queda en exhibición pública sin efectos estructurales, no será un parteaguas.
Será apenas otro episodio donde el poder se señala… pero no se corrige.
