McAllen Texas, 2 de Noviembre de 2020.- Las agencias norteamericanas dejaron de compartir información de inteligencia con el Gobierno Mexicano, tras la liberación extrajudicial de Ovidio Guzmán Loera hace un año, quien es buscado por el Gobierno de Estados Unidos acusado de introducir estupefacientes en ese país.
Si bien la relación entre los presidentes Trump y López Obrador ha sido de respeto y acuerdos, las agencias de seguridad norteamericanas operan con total independencia de la Oficina Oval, por lo que ha realizado pesquisas e investigaciones sin que se entere el Presidente Trump.
García Luna, cooperación a medias
El primer golpe en territorio norteamericano fue ejecutado por el FBI, quien detuvo al Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Sexenio de Calderón, acusado de proteger al Cartel de Sinaloa a cambio de dinero.
La versión oficial dicta que ambos gobiernos externaron que existió cooperación, pero una fuente al interior de la Secretaría de Protección Ciudadana asegura que las autoridades mexicanas se enteraron hasta después de que fue llevado a cabo el arresto, pero antes de que fuera hecho público por el Gobierno de Estados Unidos.
García Luna enfrenta «tres cargos por conspirar para traficar cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas», informó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
«García Luna es acusado de tomar millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa de ‘El Chapo’ Guzmán mientras controlaba la Policía Federal mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública de México», dijo Richard P. Donoghue, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.
DEA, operando en secrecía
Por su parte la DEA inició operativos encubiertos sin enterar a las autoridades mexicanas, en franca desconfianza por el actuar errático de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Dicha secrecía se vio reflejada en el Operativo Phyton, llevado a cabo por la DEA. La agencia antidrogas de Estados Unidos realizó el operativo durante seis meses, enfocándose principalmente en miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El operativo culminó con en Marzo de 2020 con 600 arrestos, 350 vinculados directamente a actividades criminales, entre las que destacan operaciones monetarias a gran escala vinculadas con venta de drogas. Además se arrestaron a 230 sospechosos.
Según la oficina local de la DEA en Houston, se incautaron 5.7 millones de dólares y 1490 kilogramos de metanfetaminas y 690 kilogramos de cocaína y otras drogas. La DEA enfocó sus baterías hacia el CJNG debido a que es la organización con el crecimiento más acelerado en ambos lados de la frontera.
Detención de Cienfuegos, confusión en el Gobierno Mexicano
La detención del General Salvador Cienfuegos es una prueba contundente de que el Gobierno de Estados Unidos ya no está compartiendo la información de las detenciones y objetivos prioritarios con el estado mexicano, lo que sugiere que le tienen bastante desconfianza a las autoridades nacionales, en el tema de seguridad.
Si bien las versiones de los medios afines al gobierno de López Obrador hablaban de cooperación, el mismo presidente salió al paso a desmentir dicha cooperación.
Cienfuegos, exsecretario de Defensa mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue arrestado por elementos de la DEA el pasado 16 de octubre cuando pretendía ingresar a territorio norteamericano.
Indagatorias de agentes estadounidenses identifican a Cienfuegos con el alias de El Padrino, operador vinculado a una red de protección de Cártel de los Beltrán Leyva y cuya identidad fue descubierta por la DEA y que no fue compartida con el Gobierno de México, ya temían que el general escapara.
El Departamento de Justicia de EE.UU. informó este viernes que Cienfuegos enfrenta cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas.
México, ofendido ante la desconfianza de EU
Después de la detención de Cienfuegos, periodistas aztecas documentaron un aumento en la tensión entre el Gobierno de López Obrador y el gabinete de Enrique Peña Nieto, su antecesor. Meses antes López Obrador ordenó montar un entramado mediático alrededor del prófugo ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien se entregó a cambio de impunidad. Lozoya entregó videos de sobornos a la PGR, mismos que fueron filtrados al colectivo denominado #RedAMLO.
Como respuesta, Carlos Loret, un periodista crítico de López Obrador publicó videos de Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo. A partir de ese momento, el Gobierno de México abandonó la narrativa de Lozoya.
Con la detención de Cienfuegos la tensión regresó al cuarto de guerra de Palacio Nacional, no sólo por una posible revancha por parte del gobierno anterior, sino por el enfriamiento de la relación entre el Presidente y la milicia.
El canciller Marcelo Ebrard emitió un posicionamiento el 25 de octubre, donde manifiesta su descontento por la manera en que Estados Unidos manejó la detención de Cienfuegos.
Por su parte el Presidente López Obrador se ha enfocado de manera insistente en reparar los lazos con los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Durazo miente, EU desmiente
Dos días después, el 27 de octubre, Alfonso Durazo dejó la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para competir por la gubernatura de Sonora. Así lo informó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.
“Este titular presentó su renuncia al cargo para atender otros asuntos», informó Monreal. Durazo comparecería ante la Cámara Alta el 28 de octubre, pero la cita fue aplazada.
Previo a su renuncia, Alfonso Durazo, aseguró que ninguna zona del país está dominada por el crimen organizado.
Al día siguiente, la CIA desmintió el postulado del ahora ex Secretario, asegurando que al menos una quinta parte del territorio nacional se encuentra bajo el control de organizaciones criminales.
La Agencia Central de Inteligencia elaboró un estudio en el que mapeó a los grupos del narcotráfico y concluyó que estos controlan cerca de 392 mil 875 kilómetros cuadrados en promedio, del total de la superficie con que cuenta el país.
Efectos colaterales del rompimiento
Por otra parte las relaciones diplomáticas también mermarán en los recursos para operaciones en campo y temas de disciplinas y apoyos del departamento de justicia y otros organismos a México. La embajada de Estados Unidos que dirige cientos de programas en campo en México, tendrá una operatividad de las Alianzas estratégicas para el país mediante agencias y organizaciones de la sociedad civil por 37 millones de dólares.
Dichas alianzas están solventadas con entidades y con el sector privado en áreas prioritarias para aumentar la sostenibilidad y el impacto de nuestras inversiones de desarrollo en México en, Educación, Salud, Reducción de impunidad y violencia, y en la expansión de los lazos económicos entre Estados Unidos y México: Cadenas de suministro desarrolladas, sostenibles e integradas, Mejores prácticas de transparencia e integridad empresarial.
Mientras tanto, el departamento de justicia, vía el operativo Mérida, destinará mediante donaciones y figuras de financiamiento y subvenciones a entidades no gubernamentales más de 13 millones de dólares, en los cuales figura la protección a defensores de derechos humanos, víctimas de tráfico humano, y violencia contra periodistas.
