Cd. de México (19 mayo 2021).- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acusó que la orden de aprehensión librada en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero tiene una motivación política y dicha decisión se tomó en Palacio Nacional.
En un comunicado, el Mandatario tamaulipeco sentenció que la justicia se usa para perseguir a los opositores y a los ciudadanos críticos de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive», sostuvo.
«No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional».
El panista afirmó que es evidente la violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso pues, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de Tamaulipas han determinado que mantiene el fuero constitucional.
«No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del País».
En este sentido, dijo que se defenderá de las acusaciones, las cuales calificó de falsas, pues la Constitución defiende al servidor público electo democráticamente.
«El pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí. Defenderé hasta el límite de mis fuerzas su veredicto. Este país no es la Nación de un solo hombre. México nos pertenece a todos», concluyó.
Además de la orden librada en su contra, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó que fueran congeladas las cuentas de Cabeza de Vaca y las de otras 36 personas físicas y jurídicas, ante la presunción de lavado de dinero.
Según autoridades hacendarias, la UIF bloqueó los activos de Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como de María de Lourdes Cabeza De Vaca y Mariana Gómez Leal, que son los hermanos, la madre y esposa del Mandatario tamaulipeco, respectivamente.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra del Gobernador, con el fin de informar a la Fiscalía General sus movimientos de ingreso y salida del País.
