Los encontraron. Vivos. Y eso, en el México de hoy, ya es noticia extraordinaria.
Siete electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala fueron localizados tras un operativo de más de 620 elementos, aeronaves en el aire y el gabinete de seguridad estatal instalado en la zona. La respuesta fue inmediata, coordinada, visible. El gobierno lo presume como un caso de éxito.
Pero la pregunta incómoda no está en el despliegue… está en el origen.
¿Cómo desaparecen siete trabajadores en una de las carreteras más transitadas del país sin que nadie vea, escuche o intervenga? ¿Qué ocurrió en ese tramo de la carretera 57, en el entronque hacia Cedral, donde simplemente “se les perdió el rastro”?
El Estado reaccionó con fuerza. Pero llegó después.
La narrativa oficial habla de protocolos activados, coordinación con fuerzas federales, atención a víctimas y acompañamiento institucional. Todo eso está bien. Todo eso es lo mínimo exigible. Pero no responde lo esencial: quién, cómo y por qué desaparecieron.
Porque en México, encontrar con vida no cancela el delito. Lo confirma.
El despliegue —620 elementos, tres aeronaves, presencia total del gabinete de seguridad— revela algo más profundo: cuando el Estado quiere, puede. Puede movilizar recursos, cerrar filas, actuar con rapidez. El problema es que esa capacidad no es permanente, es reactiva. Se activa cuando el caso escala, cuando hay presión, cuando el riesgo político crece.
Mientras tanto, miles de desapariciones siguen otro camino: el del silencio.
Este caso termina con una noticia que alivia, pero no tranquiliza. Porque el hallazgo no es sinónimo de justicia. Y menos aún de verdad.
¿Quién los levantó?
¿Dónde estuvieron?
¿Hubo privación ilegal de la libertad o “solo” desaparición circunstancial?
¿Habrá detenidos o quedará como episodio cerrado por conveniencia?
Hoy el gobierno celebra coordinación.
Pero la sociedad sigue acumulando preguntas.
Porque en un país donde desaparecer es posible, el verdadero logro no es encontrarlos después…
es que nunca desaparezcan.
