MATAMOROS.— El segundo informe de José Alberto “Beto” Granados dejó una larga relación de obras, programas y cifras. Sin embargo, detrás del protocolo aparecen tres historias que explican mejor sus primeros dos años al frente de Matamoros: una deuda heredada que obligó a reorganizar las finanzas municipales, una intervención directa sobre los abusos denunciados en Tránsito y un proyecto que durante décadas parecía condenado a seguir en los planos: el Puerto del Norte.
Granados llegó al Ayuntamiento en octubre de 2024 y meses después hizo pública la existencia de pasivos que inicialmente estimó en alrededor de 130 millones de pesos. Conforme avanzó la revisión, señaló que la deuda superó los 160 millones y llegó a rozar los 180 millones de pesos. Entre las cuentas pendientes había compromisos con empresas de telecomunicaciones, hospitales y proveedores de medicamentos; sólo estos últimos convenios representaban más de 15 millones. El pasivo correspondía a administraciones anteriores, incluida la encabezada por Mario López Hernández, “La Borrega”.
El municipio comenzó a cubrir parte de esas obligaciones mientras mantenía su programa de inversión. En su segundo informe, Granados reportó una recaudación predial superior a 236.7 millones de pesos y un aumento en la participación de los predios registrados, de niveles cercanos al 28 por ciento en años anteriores a alrededor del 42 por ciento. La gestión conjunta con los gobiernos estatal y federal permitió, además, incorporar más de 433 millones de pesos para infraestructura y espacios públicos.
La otra decisión ocurrió lejos de los escritorios.
En marzo pasado, después de varios días de vigilancia encubierta sobre la Dirección de Tránsito, el propio alcalde participó en recorridos nocturnos a bordo de vehículos particulares. Durante una de esas operaciones, un agente detuvo precisamente la unidad donde viajaba Granados y se detectó una conducta relacionada con cobros indebidos.
El resultado fue la baja de siete elementos. Para ese momento, 16 agentes habían sido separados desde el inicio de la administración por señalamientos o evidencias de cobros irregulares a conductores. Tras el operativo, el alcalde ordenó también limitar temporalmente las funciones de los agentes en calle y mantenerlos principalmente en labores de vialidad.
El segundo informe añade otra medida: las cámaras corporales utilizadas por Tránsito son supervisadas las 24 horas.
Debajo de las calles
Si existe un problema que atraviesa administraciones completas en Matamoros es el drenaje.
Durante el segundo año se realizaron 41 obras municipales de rehabilitación de la red, frente a cuatro efectuadas durante el primero. A ellas se sumaron nuevas redes sanitarias y trabajos de agua potable, con una inversión municipal de 76.2 millones de pesos en ese apartado.
La intervención integral es mayor. El Ayuntamiento reportó más de 173 millones de pesos destinados a 127 acciones de agua potable, drenaje y saneamiento con alcance en 507 colonias. También informó que fueron reparados 300 “caídos” de la red sanitaria, tres veces la meta de cien planteada al comienzo de la administración.
Granados no sostuvo que el problema estuviera terminado. Durante su mensaje reconoció expresamente que permanecen calles por rehabilitar, drenajes pendientes y servicios públicos que todavía requieren atención.
En infraestructura, el balance presentado por el municipio contabiliza 272 obras durante los dos primeros años, con una inversión acumulada superior a 617.5 millones de pesos. De ellas, 165 corresponden al segundo año y representan más de 323.7 millones.
Américo y una apuesta frente al Golfo
La relación entre el gobierno municipal y la administración de Américo Villarreal Anaya también comenzó a pesar en la agenda de Matamoros.
El ejemplo de mayor tamaño es el Puerto del Norte.
Después de décadas de proyectos, retrasos y expectativas, la terminal inició formalmente operaciones el 2 de agosto de 2025. Para marzo de este año, el municipio reportaba una inversión estatal acumulada cercana a 7 mil millones de pesos, con una proyección de hasta 21 mil millones conforme avance su desarrollo.
La dimensión del proyecto rebasa una administración municipal.
De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el segundo informe, la segunda etapa podría generar alrededor de 12 mil empleos, incrementar en 2.9 por ciento el PIB regional e integrar una zona con más de 100 mil hectáreas susceptibles de desarrollo. Su posición permitiría conectar el Golfo de México con la frontera, Texas y los corredores industriales de Nuevo León y Coahuila.
Ahí aparece probablemente la lectura menos evidente del segundo informe.
Beto Granados llega a sus dos primeros años sin poder afirmar que los problemas históricos de Matamoros estén solucionados. Los datos tampoco permiten semejante conclusión.
Pero la discusión comienza a cambiar.
Ya no se trata solamente de cuántos baches fueron tapados o cuántas calles aparecieron en la presentación del informe. Hay deuda que se está pagando, una corporación municipal que fue intervenida desde dentro, inversión considerable en uno de los rezagos más viejos de la ciudad y un puerto que finalmente dejó de existir únicamente en los discursos.
El tercer año será el que permita saber si esas decisiones alcanzaron para modificar de fondo a Matamoros.
Por ahora, después de dos años, la ciudad tiene algo que durante demasiado tiempo pareció faltarle: una ruta que empieza a consolidarse.
