Por primera vez, ciudadanos estadounidenses han sido acusados formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera en el marco del combate al tráfico de huachicol entre México y Estados Unidos. De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por EL UNIVERSAL, la familia Jensen, detenida en abril pasado en Río Hondo, Texas, enfrenta cargos que van desde conspiración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lavado de dinero, contrabando de bienes y declaraciones falsas, hasta delitos relacionados con terrorismo.
James Lael Jensen y su hijo Maxwell Sterling Hensen, presuntos líderes de la red, son acusados de haber operado, a través de la empresa Arroyo Terminals, al menos 2,881 envíos de crudo robado desde México, disfrazado de aceite usado, hacia territorio estadounidense desde 2022. El crudo era mezclado y lavado en Texas, y posteriormente revendido en Estados Unidos y el extranjero, utilizando un entramado de entidades pantalla y movimientos bancarios entre Wells Fargo y Bank of America.
El impacto de la acusación es histórico, ya que la etiqueta de organización terrorista extranjera –antes reservada para grupos como Al-Qaeda o Hezbolá– se extendió en febrero a seis cárteles mexicanos, incluido el CJNG. Hasta ahora, sólo ciudadanos mexicanos habían enfrentado cargos de terrorismo en territorio estadounidense. Para los Jensen, las penas potenciales alcanzan hasta 20 años de prisión por los cargos principales, más sanciones adicionales. El Departamento de Justicia ya busca el decomiso de más de 300 millones de dólares en activos vinculados a la red.
La investigación revela cómo el CJNG y sus socios estadounidenses lograron infiltrar los sistemas legales y financieros de EE.UU., utilizando empresas fantasma y licencias dudosas, además del almacenamiento y mezcla ilícita de crudo mexicano. El caso, que comenzó como una indagatoria de narcotráfico, evolucionó hasta convertirse en una investigación de terrorismo financiero y crimen energético, con la intervención del IRS, FBI, DEA, FinCEN y el Departamento del Tesoro.
Funcionarios federales no descartan ampliar la pesquisa a empresas en Texas, Nuevo México y el oeste de EE.UU. que operan bajo esquemas similares. Además, se investiga la posible colusión de inspectores y reguladores estatales que habrían permitido las operaciones ilícitas de Arroyo Terminals durante cinco años.
Este caso exhibe el grado de sofisticación de los cárteles mexicanos en el robo y exportación de combustibles, así como el nivel de penetración en el sector energético estadounidense, donde la corrupción y omisión de autoridades locales han sido factores clave para el flujo del huachicol.
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