CIUDAD DE MÉXICO.— La crisis de desapariciones en México escaló este lunes al terreno político e institucional. La diputada federal Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) solicitó formalmente la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, a quien acusó de encubrir la gravedad del fenómeno y de actuar con omisión frente a una de las crisis humanitarias más profundas del país.
Desde la sede del organismo, la legisladora adelantó que no se limitará a la exigencia pública. Anunció que presentará una solicitud de juicio político en contra de Piedra Ibarra por presunto “encubrimiento y negligencia”, tras la postura de la CNDH frente al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
El señalamiento es directo: la Comisión, en lugar de actuar como órgano autónomo de defensa de derechos humanos, habría adoptado una narrativa que minimiza los hallazgos internacionales y protege al Estado.
“Su trabajo no es proteger al Estado”, lanzó Ballesteros. Y fue más allá: sostuvo que, en un contexto donde existen indicios de desapariciones sistemáticas, la omisión institucional no es neutral, sino una forma de perpetuar la crisis.
La crítica también toca un punto sensible: el conflicto de interés. La diputada cuestionó la militancia de Piedra Ibarra en Morena y la falta de instalación del Consejo Ciudadano de la CNDH, lo que —dijo— compromete la independencia del organismo.
El trasfondo es el informe de la ONU, que advierte sobre fallas estructurales en México:
ausencia de estrategias efectivas de búsqueda, retrasos en diligencias clave, obstáculos en el acceso a la información para familias y una débil coordinación entre autoridades.
Las cifras son contundentes. De acuerdo con el propio comité internacional, México concentra el 37% de las acciones urgentes a nivel global en materia de desapariciones, con 819 casos acumulados. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevas acciones urgentes.
El dato no es menor: coloca a México en el centro de la preocupación internacional en materia de desapariciones forzadas.
En ese contexto, la postura de la CNDH —que cuestionó el informe— detonó una reacción política que ahora busca traducirse en responsabilidades institucionales.
El episodio revela algo más profundo que un diferendo entre actores políticos: evidencia la fractura entre organismos internacionales, oposición y una institución que, en teoría, debería ser contrapeso del poder.
Hoy, la CNDH está en el centro del debate.
Y la pregunta de fondo no es menor:
si el organismo encargado de defender a las víctimas es percibido como aliado del poder, ¿quién queda para defenderlas?
