CIUDAD DE MÉXICO.— Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que sancionó a más de 50 personas y empresas el pasado 23 de julio, documentan cómo distintos grupos del crimen organizado en México han diversificado sus operaciones hacia giros comerciales formales en al menos nueve estados: Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Colima, Durango, Chiapas, Puebla, Sonora y Sinaloa.
De acuerdo con esos reportes, el Cártel Jalisco Nueva Generación encabeza la lista de organizaciones identificadas, junto con el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, células como Los Cabrera y Los Mayos, el grupo Independiente de Sonora, el Cártel de Caborca, La Línea y remanentes de Los Beltrán Leyva.
Los giros donde se ha detectado participación de estas estructuras incluyen tiempos compartidos, producción de tequila, centros de llamadas, gasolineras, tiendas de ropa y calzado, licorerías, construcción, seguridad privada, renta de autos de lujo, fabricación de muebles, agricultura, logística, suplementos alimenticios, centros de rehabilitación, promoción de espectáculos, bienes raíces, restaurantes, comercio de madera, minería de criptomonedas, comercio al menudeo, hotelería y servicios financieros.
Especialistas como Vanda Felbab-Brown, investigadora del Brookings Institution, y David Saucedo, especialista en seguridad, coinciden en que este patrón de infiltración en la economía formal dificulta el combate al crimen organizado porque desdibuja la línea entre actividad ilícita y comercio legítimo, y expone a empresarios y trabajadores que en muchos casos desconocen el origen de los capitales con los que compiten en su mismo giro.
