TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.— El mismo fin de semana en que se inauguraba el Estadio Banorte con el partido México-Portugal, y a poco más de dos meses del arranque del Mundial de Futbol, una explosión sacudió la carretera México-Pachuca.
Una Toyota Tacoma que minutos antes había salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estalló en movimiento, provocando la muerte inmediata de sus ocupantes y dejando al descubierto una escena que las autoridades intentaron contener en silencio.
El hecho no fue informado de manera oportuna. La primera evidencia pública no provino de un parte oficial, sino de un video captado por la cámara de un automóvil que circulaba metros adelante. Las imágenes muestran el momento del estallido: la camioneta pierde el control, invade carriles y termina impactándose contra un centro comercial frente al fraccionamiento Haciendas del Bosque.
Con el paso de las horas, y ante la viralización del material, comenzaron a surgir versiones fragmentadas. Reportes oficiales confirmaron la muerte de Francisco Efraín Beltrán, “El Payín”, presunto operador del Cártel de Sinaloa vinculado a la facción de “Los Mayos”, así como de Humberto Rangel Muñoz, quien habría acudido al AIFA para recogerlo.
Las autoridades anunciaron peritajes para determinar si la explosión fue provocada por un explosivo plástico activado de forma remota o por la detonación de un artefacto —posiblemente una granada— transportado en la unidad. Hasta ahora, no hay una versión concluyente.
El punto crítico no es menor: la camioneta ingresó al estacionamiento del AIFA con la carga explosiva y salió sin ser detectada. El área, bajo resguardo militar, carece de filtros de inspección vehicular efectivos.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Gabinete de Seguridad daría una explicación. A días del evento, la respuesta oficial se mantiene en una sola línea: “continúan las investigaciones”.
Mientras tanto, el silencio institucional contrasta con la información que circula en ámbitos de inteligencia. Fuentes consultadas señalan que la baja afluencia del AIFA ha facilitado su uso como punto logístico por parte de operadores criminales, quienes pueden ingresar y salir con rapidez hacia municipios del Estado de México conectados con la terminal aérea.
El contexto agrava la lectura del caso. En los últimos meses, distintos grupos del crimen organizado han intensificado el uso de explosivos en México. Desde drones armados hasta vehículos acondicionados como artefactos explosivos improvisados, la evidencia apunta a una escalada en las capacidades operativas de los cárteles.
En Sinaloa, células vinculadas a facciones internas han utilizado drones para ataques dirigidos. En Michoacán, grupos criminales han difundido pruebas de dispositivos aéreos cargados con explosivos. En Zacatecas, fuerzas de seguridad han sido blanco de ataques similares. Y en Badiraguato, el Ejército aseguró recientemente más de 300 artefactos explosivos.
La explosión en Tecámac no es un hecho aislado. Es una señal.
Una señal de que el uso de explosivos ha dejado de ser excepcional para convertirse en una herramienta recurrente del crimen organizado.
Y una señal, también, de que la respuesta institucional sigue atrapada entre la opacidad y la contención narrativa.
A poco más de setenta días del inicio del Mundial, el episodio deja una pregunta abierta:
si una unidad cargada con explosivos pudo entrar y salir de una instalación federal estratégica, ¿qué tan preparado está el Estado para enfrentar esta nueva fase del crimen?
Por ahora, la respuesta oficial sigue siendo la misma: investigar… y guardar silencio.
