Ciudad de México.— La iniciativa de reforma electoral promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea un ajuste estructural que impacta al Instituto Nacional Electoral (INE), reduce el financiamiento público y modifica la forma en que acceden al Congreso las minorías.
El proyecto contempla una reducción del 25% en el gasto electoral total, que incluye prerrogativas de partidos, operación del INE, financiamiento de los organismos públicos locales electorales (Oples) y costos de propaganda.
Nuevo modelo de representación
Aunque la Cámara de Diputados se mantendría en 500 integrantes, cambia el mecanismo para integrar a los 200 legisladores de representación proporcional.
De acuerdo con lo expuesto en la conferencia matutina:
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300 diputados seguirán siendo electos por mayoría relativa en distritos.
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200 representarán a minorías bajo una fórmula mixta.
La mitad de esos 200 serían los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidatos que quedaron en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo de la proporción alcanzada por su partido.
La otra mitad se definirá mediante una Lista Abierta No Bloqueada, donde cada votante podrá elegir únicamente dos candidatos: un hombre y una mujer. No habrá jerarquía preestablecida en la lista; quienes obtengan más votos serán electos, aplicándose el esquema en las cinco circunscripciones existentes.
“Todos a buscar el voto popular”, sostuvo Sheinbaum, al defender que incluso quienes aspiren por representación proporcional deberán competir directamente ante el electorado.
Impacto en aliados y partidos pequeños
La propuesta no fue recibida sin tensiones. Dirigencias del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo se retiraron de Palacio Nacional sin un acuerdo definitivo.
La reforma reduce prerrogativas y limita la posibilidad de designar plurinominales por decisión de cúpula, lo que afecta directamente a partidos con menor votación nacional que tradicionalmente han sostenido parte de su representación vía listas cerradas.
Aunque el recorte es general, Morena mantendría el financiamiento mayoritario por su peso electoral.
Menos dinero, más control
La iniciativa también incluye:
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Reducción de tiempos de propaganda en radio y televisión, en coordinación con la industria.
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Tope salarial para congresistas locales, que no podrán ganar más que la Presidenta o los gobernadores.
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Disminución de regidurías en municipios según población.
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Mayor énfasis en mecanismos de democracia participativa, como consultas populares.
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Fortalecimiento de la fiscalización para evitar financiamiento ilícito en campañas.
La propuesta fue elaborada por una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Reconfiguración política
En los hechos, la reforma compacta el gasto, modifica incentivos electorales y redefine la lógica de representación proporcional. Mientras el oficialismo argumenta eficiencia y combate al dispendio, críticos advierten que el nuevo modelo podría favorecer a fuerzas con mayor estructura territorial, reduciendo margen de supervivencia para partidos pequeños.
El debate apenas comienza en el Congreso. Lo que está en juego no es solo el presupuesto electoral, sino el diseño del sistema de competencia política en México.
