El discurso de la “seguridad” se desploma cuando quienes debían garantizarla terminan frente al banquillo. Es el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien fue vinculado a proceso por desaparición forzada de personas, uno de los delitos más graves en el marco jurídico mexicano.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó que obtuvo el auto de vinculación, lo que implica que un juez encontró elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra. No es una acusación mediática: es una decisión judicial.
El exfuncionario —señalado además como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”— permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, desde donde seguirá su proceso por videoconferencia.
La gravedad del caso no es menor. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas que van de 40 a 60 años de prisión, sanción que puede incrementarse si la víctima es mujer o si se acredita la participación de un servidor público, como ocurre en este caso.
Es decir: no solo enfrenta cárcel. También la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que confirma la dimensión institucional del delito que se investiga.
El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la autoridad deberá robustecer el expediente. Mientras tanto, Bermúdez mantiene la presunción de inocencia conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Pero más allá del proceso jurídico, el caso abre una herida estructural: la infiltración del crimen en las instituciones encargadas de combatirlo.
Porque cuando un secretario de Seguridad es investigado por desaparición forzada, el problema deja de ser individual y se convierte en sistémico.
La pregunta ya no es solo si es culpable.
La pregunta es cuánto sabía el poder… y quién más está involucrado.
