JUCHITÁN, OAXACA.— Esta vez no cayó un sicario escondido en una casa de seguridad. Cayó el presidente municipal.
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, fue detenido este 23 de septiembre durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Junto con él fue capturado un hombre identificado por las autoridades como Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Ambos tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
Pero la historia no terminó con las esposas.
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas e inmovilizó recursos relacionados con la investigación. El objetivo, según la información difundida por Harfuch, es golpear también la capacidad económica de la estructura que las autoridades investigan.
Y es ahí donde el expediente deja de ser únicamente policiaco.
Las investigaciones oficiales relacionan al alcalde y a “La Parca” con una organización dedicada presuntamente al cobro de piso a comerciantes y empresarios, extorsión, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de esquemas de protección que habrían permitido operar a grupos criminales en el Istmo de Tehuantepec.
La Fiscalía de Oaxaca ubica esa estructura alrededor de “Los Cromos”, grupo que autoridades estatales señalan como ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El señalamiento más grave: el municipio como presunta estructura de protección
Lo que vuelve especialmente delicado el caso no es solamente la acusación contra un alcalde en funciones.
Según la información oficial difundida tras la captura, las investigaciones sostienen que Sánchez Altamirano habría utilizado recursos e infraestructura municipal para favorecer a la organización criminal.
Entre los señalamientos aparecen la presunta cobertura política y económica, acceso a información de las cámaras del C2 y alertas sobre la presencia de fuerzas estatales y federales en la zona. También se investiga su posible participación en mecanismos de cobro de piso y protección de actividades criminales.
Son acusaciones que tendrán que probarse ante un juez. Sánchez Altamirano conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.
Pero políticamente el expediente abre una pregunta de mayor tamaño:
¿qué ocurre cuando la autoridad encargada de proteger una ciudad es investigada precisamente por haber facilitado las operaciones de quienes la extorsionaban?
Ese es el corazón de la narcopolítica.
No basta con que una organización criminal controle una esquina. El salto ocurre cuando, según una investigación oficial, obtiene información, protección o recursos desde dentro de las instituciones.
“La Parca” y la red de mototaxis
Las autoridades también colocan a “La Parca” como una pieza relevante de la estructura.
De acuerdo con la información divulgada sobre la investigación, se le atribuye presunto control de actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios mediante una red de mototaxis, además de su utilización para trasladar y extorsionar migrantes.
También habría participado en actos de presión para buscar la liberación de integrantes detenidos de “Los Cromos”.
La detención de ambos movilizó a Marina, Defensa, Guardia Nacional, SSPC, FGR, Fiscalía de Oaxaca y autoridades estatales.
Reportes de la jornada señalaron además que policías municipales instalaron bloqueos para intentar impedir el traslado del alcalde después de su captura, mientras continuaba el despliegue federal.
La escena terminó siendo tan poderosa como el expediente: fuerzas federales trasladando al presidente municipal mientras integrantes de la corporación local intentaban frenar el operativo.
Operación Enjambre ya suma más de cien funcionarios
La captura forma parte de la Operación Enjambre, estrategia dirigida contra servidores públicos investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Con estas detenciones, García Harfuch reportó 112 funcionarios capturados dentro de la operación. Entre ellos se encuentran presidentes municipales y servidores públicos provenientes de distintas fuerzas políticas.
El caso de Juchitán adquiere especial relevancia porque Sánchez Altamirano es un alcalde emanado de Morena, dato confirmado por distintos reportes sobre la detención.
Eso no convierte el expediente en responsabilidad de un partido completo ni permite extender las acusaciones a otros funcionarios sin pruebas. Pero sí coloca otro gobierno municipal dentro de una investigación federal por posibles conexiones entre poder público y delincuencia organizada.
Primero las cuentas, después toda la red
El bloqueo financiero agrega otra dimensión.
La UIF no solamente busca saber quién cometió los delitos investigados. Seguir el dinero permite establecer quién recibió recursos, cómo circularon, qué personas participaron y qué estructuras económicas pudieron sostener la operación.
Es exactamente el terreno donde las investigaciones contra organizaciones criminales comienzan a tocar empresas, prestanombres, funcionarios y redes de protección.
Horas antes, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, había insistido públicamente en la necesidad de atacar no sólo a los cárteles, sino también el dinero y las estructuras que permiten que sigan funcionando.
En Juchitán, esa discusión dejó de ser teórica.
Hay un alcalde detenido.
Hay otro presunto operador capturado.
Hay cuentas bloqueadas.
Hay una estructura criminal bajo investigación.
Y existen señalamientos oficiales sobre el posible uso del aparato municipal para protegerla.
Ahora falta la parte que decidirá todo: las pruebas ante los tribunales y hasta dónde llega realmente la red.
Porque detener al político es apenas una parte.
La pregunta verdaderamente incómoda empieza después: quiénes más estaban conectados.
