CIUDAD DE MÉXICO.— El PAN presentó un paquete de reformas para llevar el derecho de réplica hasta las conferencias mañaneras y cualquier plataforma oficial de gobierno, en medio de la confrontación por los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias y las acusaciones de censura contra periodistas y medios.
La propuesta contiene un punto particularmente relevante: si desde una conferencia oficial se difunde información falsa, inexacta o susceptible de comprobación sobre una persona, la autoridad tendría un máximo de tres días hábiles para resolver la petición de réplica.
Si ésta resulta procedente, la respuesta tendría que difundirse en la siguiente conferencia, transmisión o espacio gubernamental equivalente.
Y no podría ir acompañada de una nueva descalificación.
La réplica tendría que salir completa y sin “posdata” del gobierno
La iniciativa establece que cuando la información original haya sido difundida mediante una conferencia de prensa, transmisión oficial, comunicado, plataforma digital o cualquier mecanismo institucional, la réplica deberá utilizar el mismo medio y condiciones equivalentes de horario, duración, alcance, relevancia y permanencia.
Además plantea una restricción poco común:
La autoridad tendría que difundir la réplica íntegramente y sin comentarios, apostillas, valoraciones, imágenes, sobreimpresiones o expresiones que modifiquen o disminuyan su contenido.
En términos prácticos, el funcionario no podría conceder una réplica para inmediatamente después desacreditarla desde el mismo aparato gubernamental.
No aplicaría contra opiniones o críticas
La propuesta también busca establecer una frontera para impedir que el derecho de réplica se convierta en una herramienta contra la libertad de opinión.
Sólo procedería frente a afirmaciones de hechos falsos, inexactos o carentes de verificabilidad objetiva.
Las opiniones, críticas, valoraciones y juicios de valor quedarían fuera, salvo cuando incluyan afirmaciones concretas que puedan comprobarse como verdaderas o falsas.
Este punto es particularmente relevante porque separaría jurídicamente dos cosas que frecuentemente se mezclan en el debate público:
criticar a un gobierno no es lo mismo que publicar un hecho falso.
La mañanera quedaría sujeta a la misma regla
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó que la reforma busca alcanzar expresamente las conferencias presidenciales y demás mecanismos de comunicación utilizados por los gobiernos.
Los sujetos obligados serían los Poderes de la Unión, gobiernos estatales, organismos autónomos, dependencias federales, municipios, alcaldías y cualquier ente público que utilice plataformas institucionales para difundir información.
La iniciativa pretende modificar también el artículo 38 constitucional para establecer consecuencias contra funcionarios que utilicen recursos públicos para amedrentar, acosar, denostar o intentar silenciar a periodistas, ciudadanos y organizaciones civiles.
Si un juez ordena la réplica, tendría que cumplirse de inmediato
El paquete plantea además que las resoluciones judiciales que ordenen otorgar una réplica frente a información difundida por una autoridad sean de cumplimiento inmediato.
Una vez transmitida, el gobierno tendría 24 horas para acreditar ante la autoridad judicial que efectivamente cumplió.
De aprobarse en esos términos, las conferencias gubernamentales dejarían de funcionar jurídicamente como espacios donde una autoridad puede lanzar una afirmación y simplemente pasar al siguiente tema.
Una persona directamente afectada tendría una ruta expresa para exigir respuesta desde el mismo espacio utilizado para señalarla.
También quieren poner límites a las mañaneras durante elecciones
El PAN anunció además que buscará una nueva Ley de Comunicación Social para restringir el uso electoral de conferencias, transmisiones y demás espacios gubernamentales.
Durante procesos electorales, la propuesta pretende permitir únicamente comunicaciones indispensables relacionadas con materias como protección civil, salud y educación.
El objetivo declarado es evitar que recursos y plataformas oficiales terminen funcionando como instrumentos de promoción o confrontación política durante las campañas.
El choque de fondo: ¿quién decide qué es verdad?
La iniciativa aparece en plena discusión por los lineamientos de derechos de las audiencias impulsados durante el actual gobierno.
Jorge Romero sostiene que ese modelo concede facultades excesivas al Estado y particularmente a los órganos reguladores para intervenir en la clasificación de contenidos difundidos por medios electrónicos.
Su advertencia apunta a un problema mayor que una sanción específica: la autocensura.
Según el dirigente panista, si periodistas y empresas saben que determinada cobertura puede terminar en multas, procedimientos administrativos o problemas con sus concesiones, el efecto puede ser que empiecen a moderar contenidos antes incluso de recibir una sanción.
Ahí está la confrontación política que viene:
el gobierno impulsa mecanismos para exigir responsabilidades a los medios por sus contenidos; la oposición responde intentando que el mismo estándar alcance a lo que dice el gobierno desde sus micrófonos oficiales.
Y el PAN quiere empezar por el espacio de mayor exposición política del país:
