El llamado Plan B de la reforma electoral no se frenó por la oposición. Se atoró dentro de la propia coalición gobernante.
La nueva pausa en el Senado exhibe una verdad incómoda para Morena y sus aliados: cuando llega la hora de votar cambios de fondo, la disciplina del bloque oficialista ya no alcanza para ocultar las diferencias. La reunión entre la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ignacio Mier, y la dirigencia del PT terminó sin acuerdo, y el propio senador morenista reconoció que el dictamen podría irse hasta la semana de Pascua.
El fondo del pleito no es menor. Alberto Anaya admitió que el choque real está en la fecha de la revocación de mandato, mientras que reportes de este lunes señalan que el PT insiste en eliminar la posibilidad de empatarla con 2027, año de elección intermedia.
Ahí está la grieta.
Porque durante años el obradorismo construyó la idea de una mayoría compacta, monolítica, sin fisuras. Pero cuando una reforma toca intereses, tiempos políticos y cálculo electoral, aparece lo que realmente es la coalición: una suma de fuerzas que caminan juntas mientras les conviene, no necesariamente mientras coinciden.
Lo más revelador es que hace apenas unos días PT y PVEM habían expresado respaldo al proyecto electoral en reuniones políticas con el oficialismo. Hoy, la discusión ya no gira en torno a una defensa cerrada de la iniciativa, sino a las reservas, regateos y jaloneos internos. Lo que se vendió como ruta legislativa terminó convertido en una negociación a contrarreloj.
El costo político es evidente. Morena no sólo enfrenta el rechazo opositor; ahora también carga con la imagen de un bloque incapaz de ordenar a los suyos. Y en política parlamentaria, eso pesa. Porque una reforma electoral no puede presentarse como proyecto de Estado cuando ni siquiera logra estabilidad en casa.
La oposición, por supuesto, aprovechará el desorden. Pero el daño más serio no viene de afuera. Viene del mensaje que deja este episodio: el oficialismo quiso imponer narrativa de avance, pero terminó confirmando improvisación.
El Plan B no está detenido por un debate democrático ejemplar. Está detenido por una disputa de poder, calendario y control político dentro de la propia 4T. Y cuando una reforma electoral empieza así, deja de parecer una apuesta institucional y empieza a verse como lo que muchas veces es en México: una pelea por las reglas, pero no por la democracia.
