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Presume Scheinbaum finanzas en un mar de municipios olvidados

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Cuauhtémoc, Ciudad de México. 14 de enero 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrerio, Territorial y Urbano; Rodrigo Chávez Contreras, Director General de la Comisión Nacional de Vivienda; Octavio Romero Oropeza, Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); José Alfonso Iracheta Carroll, Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable; Jabnely Maldonado Meza, Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE; Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia. Foto: Gabriel Monroy/Presidencia

Ciudad de México, 14 de enero de 2026.- La presidente Claudia Scheinbaum  celebró una narrativa de fortaleza macroeconómica, sustentada en finanzas públicas sanas, disciplina fiscal, control del endeudamiento y capacidad sostenida de inversión pública por parte del Estado mexicano.

Desde el ámbito federal, el discurso enfatiza estabilidad, control del gasto y margen financiero para ejecutar proyectos estratégicos, lo que ha sido presentado como uno de los principales logros del actual modelo económico.

Sin embargo, esta narrativa contrasta con la realidad presupuestal que enfrentan los municipios, el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y, al mismo tiempo, el más limitado en términos financieros.

Municipios con presupuestos rígidos y escaso margen de maniobra

Mientras la Federación presume solidez fiscal, los ayuntamientos operan con presupuestos altamente comprometidos, donde la mayor parte de los recursos se destina a gasto corriente, pago de nómina, servicios básicos y atención de pasivos heredados.

En el caso de municipios como Victoria, el gasto operativo supera el 75% del presupuesto total, dejando un margen reducido para inversión en obra pública o proyectos de desarrollo local. A ello se suman compromisos estructurales como adeudos administrativos acumulados y sistemas de pensiones financieramente inviables, que limitan cualquier intento de reorientación del gasto.

Inversión pública: centralizada en niveles superiores

Otro punto de contraste es la capacidad de inversión. Las principales obras de infraestructura urbana, movilidad, salud o equipamiento social no son financiadas por los municipios, sino por el Gobierno del Estado o la Federación.

En la práctica, los ayuntamientos funcionan como ejecutores secundarios o gestores, con una participación marginal en la planeación y financiamiento de proyectos estratégicos, lo que reduce su capacidad de incidir de manera directa en el desarrollo económico y urbano de sus territorios.

El eslabón más débil del sistema fiscal

Esta situación ha abierto un debate recurrente entre especialistas en finanzas públicas:
¿de qué sirve una macroeconomía sólida si el nivel de gobierno responsable de los servicios cotidianos —como limpieza, alumbrado, mantenimiento urbano y atención directa a la población— se encuentra financieramente asfixiado?

La desconexión entre el discurso federal y la realidad municipal no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un modelo fiscal centralizado, en el que los municipios dependen en gran medida de transferencias y cuentan con una capacidad limitada para generar ingresos propios o reestructurar su gasto

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