La escena se repite en el México del “no somos iguales”: puertas giratorias, escoltas discretos y camionetas de lujo esperando al final de cada sesión pública. Esta vez no fue un ministro de la Corte. Fue la presidenta del órgano que debería cuidar la democracia.
Al concluir la sesión del Consejo General del viernes, Guadalupe Taddei Zavala abandonó las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a bordo de una BMW X5 blindada, una camioneta cuyo valor comercial oscila entre 1.6 y más de 2.2 millones de pesos, sin contar el costo adicional de la protección balística visible en los cristales.
Cuestionada directamente sobre si el vehículo era de su propiedad o de dónde provenía, la consejera presidenta optó por el silencio.
El episodio no es menor. De acuerdo con la normativa interna del propio instituto, los once consejeros electorales tienen asignada para su movilidad una camioneta oficial Chevrolet Captiva. Sin embargo, desde su llegada a la presidencia en 2023, Taddei ya utilizaba una unidad distinta a la flotilla institucional —una Volkswagen Taos gris— y desde inicios de este año ha sido vista de manera recurrente en la BMW blindada, la cual ni siquiera aparece aún registrada en el Registro Público Vehicular.
El 13 de enero, por ejemplo, acudió en ese mismo vehículo a una reunión con Pablo Gómez Álvarez, en medio de las discusiones sobre una eventual reforma electoral.
El cambio de camioneta no llega solo. Coincide con un reforzamiento inusual de la seguridad dentro del instituto: instalación de nuevas cámaras de vigilancia, incremento de personal de resguardo dentro del salón de sesiones y control de accesos en pasillos que conducen al estacionamiento del Consejo General.
Todo esto ocurre mientras el discurso oficial sigue apelando a la austeridad republicana.
El contraste es difícil de ignorar, sobre todo después de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran exhibidos recientemente por estrenar también camionetas blindadas de alto costo.
En la narrativa del poder, la contención del gasto es para el ciudadano común.
En la práctica, la protección, el confort y el lujo parecen reservados para la nueva élite pública.
Si la seguridad lo exige, el país merece claridad:
¿el vehículo es propio?, ¿se renta?, ¿lo paga el instituto?, ¿existe contrato?, ¿cuál es su costo real?, ¿quién lo autorizó?
Porque cuando la austeridad termina en cuanto se apagan las cámaras, deja de ser política pública y se convierte en simple discurso.
