La política mexicana está plagada de personajes que se reinventan como “paladines anticorrupción” mientras su propio historial desmiente cada palabra. El caso de Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, es un ejemplo de libro: hoy señala con dedo flamígero a sus adversarios panistas, pero olvida que durante su gestión dejó crecer las mismas irregularidades que ahora denuncia con teatralidad.
El predio de Lafontaine 110, en Polanco, fue identificado desde 2019 por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) como una construcción en falta. Los dictámenes eran claros: la obra incumplía con la normatividad y debía frenarse. A pesar de ello, la administración de Romo nunca ejecutó una clausura, nunca detuvo los trabajos, nunca actuó. El silencio y la inacción permitieron que el proyecto avanzara sin freno.
La cronología es contundente. Mientras la PAOT emitía recomendaciones, la alcaldía miraba hacia otro lado. Los sellos de clausura llegaron hasta 2022, ya bajo la administración panista de Mauricio Tabe. Es decir, la corrupción que Romo acusa floreció bajo su gobierno, con su aval implícito.
Ahora, con casco en mano y frente a las cámaras, Romo pretende venderse como justiciero urbano. La imagen es grotesca: quien omitió sancionar hoy golpea muros con martillo para aparentar lucha. Ese espectáculo mediático no es un acto de legalidad, es una estrategia política para reposicionarse en la agenda pública.
La contradicción es doble. Primero, porque Romo fue parte de la red de omisiones que permitió la obra. Segundo, porque en su reaparición no menciona las asignaciones opacas, los contratos sin justificar ni los vínculos familiares que también marcaron su gestión. Es decir, el discurso anticorrupción que esgrime es selectivo: señala a los otros, calla sobre lo propio.
El caso Lafontaine 110 desnuda la verdadera corrupción: aquella que no solo está en las manos de empresarios que buscan violentar la norma, sino en los políticos que, teniendo facultades legales para actuar, optan por la simulación. La complicidad institucional no siempre se expresa en sobornos explícitos; muchas veces se ejerce con la pasividad, la vista gorda y la conveniencia electoral.
La ciudadanía de Miguel Hidalgo merece transparencia real, no shows mediáticos. La capital no puede seguir tolerando que quienes incubaron la corrupción pretendan erigirse como sus jueces. La anticorrupción no se defiende con discursos huecos ni con espectáculos improvisados, sino con hechos, sanciones y rendición de cuentas.
Víctor Hugo Romo podrá gritar contra el PAN todo lo que quiera, pero su silencio en el poder ya lo condenó como cómplice.
