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Sobrino de AMLO va por Victoria bajo la sombra de una investigación penal

El sobrino de López Obrador formalizó su registro rumbo a 2027. Su aspiración surge mientras la Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta por presunto robo de identidad relacionada con publicaciones de confrontación política. Uno de los señalados es identificado como operador cercano al legislador.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, 10 DE OCTUBRE DE 2026.— José Braña Mojica, diputado federal del Partido Verde y sobrino del expresidente Andrés Manuel López Obrador, formalizó su registro para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Ciudad Victoria. Lo hizo en medio de acusaciones de guerra sucia y una investigación penal relacionada con publicaciones digitales contra personajes de la política tamaulipeca.

Braña difundió fotografías acompañado de su familia y confirmó que había concluido el procedimiento de inscripción. La imagen familiar contrastó con la controversia que desde días anteriores rodea a personas identificadas como integrantes de su entorno político.

La carpeta de investigación que incomoda al proyecto

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene registrada la carpeta C.I. 2220/2026, derivada de una denuncia por presunto robo de identidad y los delitos que resulten.

El expediente señala a Efrén Hernández González, a quien el denunciante identifica como una persona vinculada políticamente con Braña. La acusación sostiene que Hernández habría utilizado sin autorización el acceso a una página informativa de Facebook para publicar contenidos de confrontación contra distintos funcionarios, periodistas y actores políticos.

Entre las personas mencionadas en las publicaciones aparecen la diputada local Katalyna Méndez, el secretario del Trabajo de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, el alcalde Eduardo Gattás Báez y el político Juan José Salazar Hernández, conocido como Juanjo Salazar.

El denunciante asegura que perdió el control de la página que había creado y que posteriormente se difundieron contenidos políticos sin su consentimiento.

La documentación aportada también recoge referencias a publicaciones contra otros integrantes de Morena y del gobierno municipal de Victoria.

El expediente contiene una denuncia concreta por el presunto uso indebido de una identidad digital. Sin embargo, también incluye afirmaciones sobre relaciones políticas, supuestas campañas de desprestigio y posibles beneficios electorales que todavía requieren comprobación ministerial.

La existencia de una carpeta de investigación no significa que se haya acreditado un delito ni que todas las personas mencionadas en ella tengan responsabilidad penal.

La guerra digital y los nombres que aparecen en la denuncia

Uno de los aspectos de mayor interés político es la descripción de las publicaciones que, según el denunciante, buscaban desacreditar a figuras de la misma corriente política.

La denuncia hace referencia a mensajes contra Katalyna Méndez, cuestionamientos dirigidos a Juanjo Salazar y ataques contra funcionarios relacionados con el gobierno municipal.

También incorpora señalamientos sobre presuntos gastos de publicidad para promover determinadas figuras. Entre ellos aparece la cantidad de 100 mil pesos en tres meses, mencionada dentro de una publicación sobre posicionamiento político. No se trata de un gasto comprobado por la Fiscalía ni de una erogación atribuible automáticamente a Braña.

El contenido expone un conflicto que rebasa las diferencias públicas entre aspirantes: la presunta utilización de espacios digitales administrados por terceros para intervenir en disputas políticas locales.

El nombre de Braña aparece en el expediente como parte de las relaciones políticas descritas por quien presentó la denuncia. No obstante, la documentación mostrada no acredita que el diputado federal haya ordenado, financiado o participado directamente en las publicaciones denunciadas.

El propio legislador rechazó durante la semana las acusaciones que lo relacionaban con una operación de guerra sucia contra correligionarios y adversarios políticos.

Braña ya buscó la alcaldía de Ciudad Victoria en el proceso anterior, pero perdió frente a Eduardo Gattás, quien consiguió la reelección. Posteriormente, obtuvo una diputación federal bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México.

Su parentesco con López Obrador es otro elemento de su perfil político. Es hijo de Lucía Mojica Obrador, prima hermana del expresidente.

Ahora pretende regresar a la disputa por el gobierno de la capital tamaulipeca, aunque deberá participar en un procedimiento interno donde existen otros aspirantes.

Entre ellos se encuentran Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento que anunció su separación del cargo para competir; Rómulo Pérez Sánchez, presidente del Consejo Estatal de Morena; y las diputadas locales Katalyna Méndez y Blanca Anzaldúa.

La competencia por Victoria se desarrolla entre figuras del mismo bloque político, en un escenario donde las inconformidades internas y las disputas por el posicionamiento electoral ya han generado acusaciones públicas.

Una candidatura con preguntas pendientes

El expediente C.I. 2220/2026 coloca bajo investigación conductas relacionadas con la administración de una página digital y el presunto uso de identidad ajena para realizar publicaciones políticas.

Corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales y cuál fue la intervención individual de las personas denunciadas.

En lo político, el registro de Braña introduce una contradicción que tendrá que enfrentar durante el proceso interno: mientras busca presentarse como opción para gobernar Ciudad Victoria, una persona identificada por un denunciante como cercana a su entorno aparece señalada en una investigación relacionada con confrontaciones digitales.

No existe, por ahora, una resolución judicial que vincule penalmente al diputado con esos hechos.

La Fiscalía tendrá que investigar y el proceso electoral seguirá su curso. Ambas cosas son independientes, pero la existencia de una denuncia documentada impide reducir la controversia a simples diferencias entre aspirantes.

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