Ciudad de México.- El actual proceso electoral en México se ha convertido en un campo de batalla sin precedentes, con un total de 386 incidentes violentos que han dejado 501 víctimas desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 21 de abril de este año. Estas agresiones abarcan desde amenazas y atentados hasta secuestros, desapariciones y asesinatos.
Con un promedio diario de 2.2 víctimas, este proceso electoral es el más peligroso en la historia moderna de México para los candidatos y aquellos involucrados en campañas o comicios. Si la tendencia actual persiste, se espera que el número de víctimas alcance las 600, duplicando la cifra reportada en las elecciones federales de 2020-2021, que contabilizaron 299 víctimas de violencia política.
A tan solo 39 días de la jornada electoral, un estudio de Integralia, basado en información oficial y reportes de partidos políticos, revela que 15 estados enfrentan un alto y muy alto riesgo de intervención del crimen en sus elecciones locales. Los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos se identifican como zonas de “riesgo muy alto”, donde hasta el 80% de su territorio está bajo el control o disputa de grupos criminales.
Los estados que concentran la mayor cantidad de víctimas de violencia son aquellos territorios disputados por el crimen organizado, siendo estos Guerrero (73), Michoacán (56), Morelos (36), Chiapas (34) y Jalisco (32).
La intervención del crimen en las elecciones se manifiesta a través de varios mecanismos, incluyendo la violencia política, la movilización o desmovilización del voto, el financiamiento a campañas, la imposición de candidaturas y la intervención directa en casillas.
Los candidatos más afectados por agresiones son los de la oposición, con 107 casos; seguidos por los candidatos de Morena, PT y Verde, con 48 casos; y otros partidos locales, con 26 casos. Se han contabilizado 28 asesinatos, y en ataques letales, los candidatos de Morena, PT y Verde encabezan la lista con 17 casos, seguidos por la oposición, con 11 casos.
En resumen, la violencia política en México está alcanzando niveles alarmantes, y es crucial que se tomen medidas para garantizar la seguridad y la integridad del proceso electoral. La democracia no debe ser un mecanismo para que los grupos criminales asuman el control de los territorios y regulen la vida política, económica y social del país. Es imperativo que se tomen acciones para prevenir la violencia y garantizar elecciones libres y justas.
