Ciudad de México.- Durante 2020 aumentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la gran mayoría de las quejas se refirieron a actuación ilegal u omisa de autoridades.
El Inegi reportó que se registraron 252 mil 66 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en expedientes de queja abiertos por los organismos nacional y estatales en la materia, 35.7% más que en 2019.
Al dar a conocer los resultados de los Censos Nacionales de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal (CNDHF-E) 2021, detalló que los tipos de hechos que presentaron mayores incrementos fueron violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, daño ambiental y omisión en el suministro de medicamentos.
En 25.8% de los expedientes de queja calificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se señaló como responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de los organismos estatales, en 29.3% de los expedientes se señaló al alcalde.
Jalisco fue, con mucho, la entidad con más hechos presuntamente violatorios, al sumar 125 mil 773, seguida muy de lejos por Ciudad de México, con 13 mil 889, y Baja California, con 12 mil 191.
La CNDH y los organismos estatales registraron, en las conciliaciones promovidas y recomendaciones emitidas, 188 detenciones arbitrarias, 167 tratos crueles, inhumanos o degradantes, 51 torturas, 32 retenciones ilegales, 26 incumplimientos de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o visitas domiciliarias, 14 desapariciones forzadas, y 7 ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias.
Derivado de recomendaciones emitidas por los organismos públicos de derechos humanos, indicó el Inegi, fueron sancionados 489 servidores públicos, cifra que representó una disminución de 38.3% respecto a 2019.
Del total de servidores públicos sancionados, 46% provenía de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública y/o vialidad.
Durante 2020, se promovieron a nivel nacional 15 mil 52 medidas y acciones para la protección y defensa de los derechos humanos, 42.7% menos que en 2019. Del total, 58.3% correspondió a medidas precautorias o cautelares.
El Inegi apuntó que la actividad de los organismos públicos de derechos humanos se vio afectada por la contingencia sanitaria por Covid-19.
«Es preciso advertir que la contingencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) y la implementación de medidas oficiales para evitar su propagación, como la disminución de la capacidad instalada y la reducción parcial de actividades, repercutieron en la cantidad de: eventos de capacitación y difusión y personas participantes, servicios de atención inmediata, solicitudes de queja recibidas y expedientes de queja conocidos (atendidos, calificados, concluidos y pendientes)», detalló.
