Querétaro. – En un ambiente de tensión y descontento, trabajadores del Poder Judicial en Querétaro manifestaron su rechazo a la reciente reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusaron un proceso legislativo lleno de irregularidades y calificaron la aprobación de la misma como un «fraude» al sistema democrático. Griselda Sáenz, directora regional del Poder Judicial de la Federación, tomó la voz durante el posicionamiento oficial, declarando que “la justicia no puede ser suprimida a capricho”, y advirtiendo que lo que se vivió en el Senado fue un atropello a siglos de lucha por la independencia judicial.
La inconformidad no es menor. Los manifestantes señalaron que la reforma, promulgada por el presidente el pasado 15 de septiembre, representa un golpe mortal al sistema judicial del país, simbolizado por el moño negro que colocaron en la sede del Poder Judicial en Querétaro, señalando el «luto» por la muerte de la justicia en México. “Lo que vimos no fue un debate legislativo, fue una compra de voluntades que redujo nuestra historia insurgente a cenizas”, aseveraron.
El conflicto principal se originó tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos jueces habían emitido un fallo claro y contundente, pidiendo al presidente López Obrador que detuviera la promulgación de dicha reforma por considerarla inconstitucional. No obstante, el mandatario decidió ignorar el fallo, entrando en lo que diversos juristas han calificado como un «desacato» a la autoridad máxima del país.
Este acto de resistencia por parte del Poder Ejecutivo ha generado un repudio generalizado entre los profesionales del derecho. “No estamos dispuestos a permitir que un poder anule las garantías fundamentales del sistema judicial», concluyó Sáenz, advirtiendo que este es solo el inicio de una larga batalla entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, una pugna que podría desencadenar en una crisis institucional sin precedentes en la historia moderna de México.
La situación en Querétaro refleja un descontento que resuena en todo el país, mientras diversos sectores del Poder Judicial y la sociedad civil se preparan para resistir lo que consideran una erosión peligrosa de la autonomía judicial bajo el mando del presidente López Obrador.
