La reciente reforma judicial impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación ha desmantelado la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un órgano clave en la sanción de violaciones a la Constitución por parte de actores políticos, entre ellos el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta eliminación, que tendrá efectos definitivos en septiembre de 2025, representa un golpe significativo para la transparencia y la imparcialidad en el proceso electoral mexicano.
Eliminación estratégica y desigual
La reforma no solo elimina un órgano que ha emitido más de 20 sentencias en contra de López Obrador entre 2019 y 2024, sino que también extiende los periodos de los magistrados de la Sala Superior hasta 2027. Este desequilibrio en el trato a los magistrados levanta suspicacias sobre las verdaderas intenciones de la reforma, ya que se despide a quienes han fiscalizado de cerca las violaciones constitucionales del presidente, mientras se fortalece la autoridad de quienes estarán encargados de calificar las elecciones de jueces, magistrados y ministros en el futuro.
La Sala Especializada ha sido crítica en la aplicación de sanciones relacionadas con el uso indebido de recursos públicos y la violación a los principios de equidad en procesos electorales. Entre los casos más notorios, se encuentran las reiteradas violaciones a los artículos 41 y 134 de la Constitución por parte del presidente, quien en diversas ocasiones ha hecho uso de la tribuna mañanera para opinar sobre partidos y candidatos en tiempos prohibidos. Sin embargo, a pesar de las resoluciones que prueban dichas faltas, López Obrador ha quedado sin castigo real, en gran parte debido a la falta de un superior jerárquico que pueda sancionarlo.
El hueco que deja la Sala Especializada
El vacío que dejará la desaparición de este órgano judicial ha sido subrayado por expertos y exmagistrados, como Gabriela Villafuerte, quien ha señalado que el desmantelamiento de la Sala Especializada es un error que afectará gravemente la impartición de justicia electoral. Las consecuencias de esta decisión no se limitan a una mera reorganización institucional, sino que podría generar un retroceso en la fiscalización y sanción de actores políticos que violen la ley electoral.
Además, esta reforma parece cumplir una de las ambiciones del presidente desde 2023, cuando intentó eliminar la Sala Especializada con su reforma electoral conocida como “Plan B”, misma que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, su deseo se ha cumplido antes del fin de su mandato, consolidando aún más su influencia sobre el aparato judicial del país.
El precedente y las comparaciones históricas
El legado de la Sala Especializada incluye la emisión de más de 20 sentencias firmes contra López Obrador por violaciones a la Constitución, lo que lo convierte en el presidente con más sentencias de este tipo en la historia de México. En contraste, otros mandatarios como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tienen un historial mucho menos polémico en este aspecto, con Peña Nieto acumulando 12 denuncias que no derivaron en responsabilidades, y Calderón solo un caso documentado.
Esta reforma no solo limita el acceso a la justicia electoral, sino que también crea un precedente peligroso al concentrar aún más el poder en manos de quienes controlan los mecanismos de revisión judicial en el país. La justificación de que la Sala Superior absorberá las funciones de la Sala Especializada no es suficiente para mitigar los efectos que tendrá este cambio en la fiscalización de campañas y recursos públicos.
