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Revictimización y represión en Tamaulipas: señalan a Comisionada de Victimas y a Secretario General por violar derechos de víctimas

Funcionarios de Tamaulipas, incluidos la Comisionada de Víctimas y el secretario general de Gobierno, son acusados de revictimizar y reprimir a defensores de derechos humanos, violando sus derechos al ignorar sus demandas y utilizar tácticas de intimidación.

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Ciudad Victoria.- Una red de políticos con vínculos al Partido Acción Nacional (PAN) ha sido señalada por orquestar ataques sistemáticos a periodistas y víctimas en Tamaulipas. Esta operación se denuncia como un esfuerzo por desestabilizar los avances humanistas de la actual administración estatal bajo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La Comisionada Estatal de Atención a Víctimas, Lorena Perales Salinas, con cercanos lazos a César «El Truko» Verástegui Ostos, exaspirante a la gubernatura, se encuentra en el centro de estas acusaciones, respaldada por Héctor Villegas, Secretario General de Gobierno, conocido como «El Calabazo». Perales y su equipo han sido acusados de ignorar deliberadamente los derechos de Gustavo Azuara, defensor de derechos humanos y víctima reconocida por el Estado mexicano.

Azuara decidió ocupar pacíficamente las oficinas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tras ser ignorado en su solicitud de compensación de gastos de traslado, un derecho establecido en la Ley General de Víctimas. A pesar de permitir la salida del personal, Azuara fue encerrado durante la noche sin alimentos y bajo constante intimidación por parte de las autoridades.

La situación empeoró cuando funcionarios de la Comisión, liderados por Gerardo Abraham Barrera Barrera y José Ramírez López, intentaron desalojarlo a la fuerza, lo que quedó evidenciado en transmisiones en vivo donde se registraron agresiones físicas e intentos de confiscar su teléfono móvil.

Este caso no solo revela las tácticas de represión, sino también una preocupante duplicidad de funciones dentro de la estructura gubernamental. José Ramírez López, quien ocupa múltiples cargos dentro del gobierno de Tamaulipas, desde director de permisos en la Subsecretaría de Legalidad hasta asesor victimal, expone una trama de corrupción que afecta directamente a las víctimas y periodistas en el estado.

Las acciones de estos funcionarios, muchos de ellos ligados al PAN, reflejan una estrategia de revictimización que busca minar los avances en derechos humanos logrados por la actual administración. Además, se acusa al Subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez, de haber revelado información confidencial sobre Gustavo Azuara, lo que representa una violación flagrante a los protocolos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

Este caso evidencia cómo los intereses políticos y personales han infiltrado las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, poniendo en peligro la vida y la seguridad de quienes luchan por los derechos humanos en Tamaulipas.

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