MÉXICO.- En un nuevo capítulo del debate sobre la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, jueces y trabajadores del Poder Judicial han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) acatar las resoluciones de dos jueces de distrito que otorgaron amparos contra la controversial reforma, que propone la elección de juzgadores por voto popular.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) subrayó que el INE, que recientemente inició el proceso de los primeros comicios judiciales, no puede ignorar estas medidas cautelares hasta que una determinación jurisdiccional las modifique o hasta que exista una sentencia de amparo que resuelva la impugnación de manera “definitiva”.
La Jufed hizo un llamado al INE para que cumpla con la suspensión decretada por los juzgadores federales, lo que incluye dejar sin efecto la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 que el INE había anunciado. “Respetuosamente se solicita cumplir con la suspensión decretada por los juzgadores federales”, expresaron, enfatizando la necesidad de que se respete la validez de los juicios de amparo que se están llevando a cabo.
Un juez de Morelos otorgó una suspensión a la reforma, mientras que un juez de Chiapas concedió una suspensión definitiva que impide a las Cámaras del Congreso federal enviar reformas constitucionales a las legislaturas locales.
Este pronunciamiento de la Jufed llega pocas horas después de que el INE iniciara el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (Peepjf) 2024-2025, que tiene como objetivo elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante el voto ciudadano, tal como establece la reforma de López Obrador.
En un segundo comunicado, la Jufed también anunció el inicio de un proceso de consulta para determinar si se continuará con la suspensión de labores de los trabajadores judiciales, que ha persistido desde el 21 de agosto en protesta contra la reforma. Este paro se origina en el rechazo a la propuesta que busca instaurar elecciones populares para los jueces y la SCJN a partir del 1 de junio de 2025.
Los trabajadores judiciales argumentan que esta reforma afectaría la carrera judicial y facilitaría la intromisión del Ejecutivo y grupos de interés en la justicia. Asimismo, ha suscitado críticas de diversos organismos internacionales que advierten sobre los riesgos que representa para el Estado de derecho en México.
