Ciudad de México – La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha asignado al ministro Alberto Pérez Dayán la responsabilidad de elaborar el proyecto de resolución sobre una de las controversias interpuestas por jueces y magistrados en contra de la reciente reforma judicial. Esta reforma, que busca la elección popular de magistrados y jueces, fue publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente.
Durante la sesión del lunes, el Pleno de la Corte analizó la viabilidad de revisar, revertir o matizar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta discusión surge a raíz de las consultas presentadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes buscan que se evalúe la constitucionalidad de la reforma.
En una votación cerrada de seis a cinco, la SCJN decidió desestimar los proyectos presentados por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien había planteado desechar las consultas argumentando que carecían de materia. La mayoría consideró que estas solicitudes no eran procedentes, dado que los jueces y magistrados habían solicitado detener el proceso legislativo antes de la publicación de la reforma.
El ministro Luis María Aguilar Morales también se pronunció en contra del proyecto de la ministra Batres, cuestionando tanto el contenido como la metodología utilizada en su presentación. Este intercambio evidencia la polarización y los debates internos en la SCJN respecto a la reforma judicial, un tema que ha generado opiniones divididas dentro del ámbito jurídico y político.
La reforma judicial en cuestión tiene implicaciones significativas para el funcionamiento del Poder Judicial en México, y su revisión por parte de la SCJN marca un momento crucial en el balance de poderes. La posible elección popular de jueces y magistrados podría transformar la dinámica de la justicia en el país, generando debates sobre la independencia judicial y la representatividad democrática. La respuesta de la SCJN a estas controversias será clave para definir el rumbo de la reforma y su implementación en los próximos meses.
