Ciudad Victoria, Tamaulipas. La amenaza de muerte recibida por la periodista Brenda Ramos, supuestamente atribuida al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, ha encendido las alarmas sobre el estado de la libertad de expresión en México. La diputada Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, calificó el incidente como un grave retroceso democrático y un certero ataque a este derecho fundamental.
Un golpe a la libertad de expresión
La diputada enfatizó que el derecho a la libertad de expresión es una piedra angular de cualquier democracia. “Cuando una autoridad recurre a la intimidación en lugar del diálogo, estamos ante un peligroso retroceso”, declaró Reyes González, quien también llamó al gremio periodístico y a la sociedad a no normalizar este tipo de agresiones.
Según datos de organismos internacionales, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan solo en 2023, 13 periodistas fueron asesinados, y cientos más reportaron haber sido víctimas de amenazas o intimidación. Este caso no solo profundiza la preocupación sobre la seguridad de los comunicadores, sino que también cuestiona el compromiso de las autoridades municipales con los derechos fundamentales.
La importancia de denunciar
En su pronunciamiento, la diputada hizo un llamado a los periodistas a formalizar sus denuncias para que las investigaciones avancen. “Cada mujer y hombre en cualquier posición profesional tiene el derecho de alzar la voz. Espero que Brenda Ramos proceda legalmente para que se le brinde protección y se haga justicia”, subrayó.
Sin embargo, el panorama no es alentador. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 90 % de los casos de agresiones contra periodistas en México permanecen en la impunidad, lo que desalienta a las víctimas a denunciar.
Un llamado a las autoridades
En el marco del Día Universal de los Derechos Humanos, Reyes González reflexionó sobre la necesidad de capacitar a las autoridades municipales en el respeto a la libertad de expresión y los derechos fundamentales. “Es lamentable que enfrentemos estos retrocesos. La crítica, aunque incómoda, debe ser respetada. La barbarie contra la libertad de expresión no puede tener cabida en una sociedad que se dice democrática”, señaló.
La diputada recordó que México tiene una rica historia de lucha en defensa de los derechos humanos, desde los movimientos indígenas hasta los colectivos de familias de desaparecidos. “Es momento de garantizar que todas las autoridades actúen bajo el principio inalienable del respeto a los derechos humanos”, concluyó.
¿Qué sigue?
El caso de Brenda Ramos no es aislado y evidencia una crisis de violencia estructural contra quienes ejercen el periodismo en México. Para revertir esta tendencia, es fundamental:
- Garantizar la protección inmediata de los periodistas amenazados, mediante mecanismos eficaces y coordinados entre los distintos niveles de gobierno.
- Implementar capacitaciones obligatorias en derechos humanos para funcionarios públicos, especialmente en municipios con altos índices de agresiones.
- Fortalecer la independencia de las investigaciones y sancionar de manera ejemplar a los responsables de amenazas o agresiones contra periodistas.
El caso de Ramos debe convertirse en un parteaguas, no solo para proteger a una periodista, sino para enviar un mensaje claro: la intimidación y la violencia contra la prensa no serán toleradas. La democracia mexicana depende de ello.
